La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos presuntos integrantes de una red dedicada a la venta fraudulenta de inmuebles en Bogotá, Mosquera y Funza (Cundinamarca). Según la investigación, los procesados habrían operado entre noviembre de 2025 y abril de 2026 mediante la suplantación de propietarios y la falsificación de documentos públicos.
De acuerdo con el ente investigador, el grupo usaba redes sociales para ofrecer propiedades que tomaba previamente en arriendo, haciéndose pasar ante los compradores como sus dueños legítimos. Con la presunta colaboración de una empleada de notaría, la organización habría elaborado certificados de tradición y libertad falsificados para dar apariencia de legalidad a las transacciones.
¿Cómo lograban engañar a los compradores?
Según estableció el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la modalidad no se limitaba a publicar anuncios falsos en redes sociales. Los integrantes de la red concertaban citas presenciales con los interesados para mostrarles los inmuebles, un paso que buscaba reforzar la credibilidad de la oferta. Antes de estos encuentros, arrendaban las propiedades para tener acceso físico a ellas y presentarse ante las víctimas como los propietarios reales, ocultando así que los verdaderos dueños jamás habían puesto en venta sus bienes.
¿Cuántos casos documentó la Fiscalía y cómo operaba el cobro?
El ente acusador documentó al menos seis hechos en los que propietarios legítimos fueron suplantados sin su conocimiento. La organización coordinaba las citas de firma en notarías previamente escogidas por la propia red, donde recibían el dinero de los compradores. Una vez concretado el pago, los integrantes de la estructura suspendían toda comunicación con los afectados, quienes quedaban sin el inmueble y sin la posibilidad de recuperar lo pagado.
¿Qué delitos se les imputaron y cuál fue la decisión judicial?
Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial imputó a los procesados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de Concierto para Delinquir, Estafa Simple, Estafa Agravada, Acceso Abusivo a un Sistema Informático Agravado, Obtención de Documento Público Falso y Falsedad Material en Documento Público. Durante las audiencias concentradas, uno de ellos aceptó los cargos, mientras que el otro no admitió responsabilidad. Un juez de control de garantías impuso a la mujer medida de aseguramiento intramural y al hombre reclusión en su lugar de residencia.
Los procesados habrían operado entre noviembre de 2025 y abril de 2026 mediante la suplantación de propietarios y la falsificación de documentos públicos.
