Marta Ligia Suárez* fue alcaldesa de su municipio hasta febrero de 2022, cuando una revocatoria ciudadana, alentada por sus contradictores políticos, dio como resultado su dimisión obligatoria.

Un par de días después, en medio del revuelo causado por la decisión y con la presión de tener que entregar el cargo a las carreras, la exalcaldesa recibió la llamada de alguien que se identificó como asesor de la Procuraduría General de la Nación (PGN), asegurándole que su revocatoria había sido irregular y que el Ministerio Público podría ayudarle a interponer una acción legal para dejarla sin efectos.

El supuesto asesor le confesó que había conseguido su número telefónico con la procuradora provincial de su jurisdicción y sugirió llamarla para corroborar lo dicho. Esta salvedad, además de la foto que tenía el desconocido en su perfil de WhatsApp y el impecable lenguaje jurídico que utilizó para plantearle las posibles soluciones a su situación, la llenaron de confianza.

“Uno miraba la foto que tenía en su perfil y se veía que era un procurador, en una oficina, con las banderas de la Procuraduría y de Colombia detrás (…) en una de las llamadas lo puse en altavoz para que mi abogado lo escuchara y lo convenció de que la salida legal propuesta era posible, pero había que moverse rápido”, relata la exfuncionaria.

Con esa misma astucia, la persuadió de enviarle cinco millones de pesos a través de una empresa de giros nacionales, usando el número de cédula de una persona que aseguraba era su conductor. El dinero serviría para pagar los tiquetes aéreos de su equipo de trabajo desde Barranquilla. El encuentro sería al día siguiente, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá.

“Si yo le planteaba alguna duda se indignaba y me decía que dejáramos así, terminaba yo pidiéndole excusas por desconfiar”, recuerda Suárez.

Finalmente, la consignación se hizo y, horas más tarde, en la Terminal Aérea de Bogotá, la exalcaldesa cayó en cuenta de la estafa cuando el supuesto asesor y su equipo no se hicieron presentes y la foto despareció del WhatsApp.

*Nombre cambiado para proteger la identidad de la protagonista.

De vieja data

Estos casos no son nuevos, han venido ocurriendo desde hace al menos cuatro años y durante la pandemia covid 19 se incrementaron, aprovechando las dificultades para conocerse personalmente y la excesiva confianza de la gente frente a las comunicaciones virtuales.

En otro municipio de Boyacá, el alcalde fue estafado por un delincuente que se hizo pasar como Procurador Delegado; su foto de WhatsApp coincidía con la del verdadero, los datos que dio convencieron al personero municipal en una primera llamada y este entregó el contacto del alcalde.

“El personero me dio la razón del supuesto procurador delegado que necesitaba hablarme con urgencia, yo le autoricé entregar mi número, al momento me llamó el falso funcionario, me dijo que estaba enterado de una indagación preliminar contra el municipio, empezó a darme detalles y a pedirme dinero…”, recuerda el exfuncionario estafado.

Inquietante hallazgo

En una entidad como la Procuraduría, con más de 4.500 colaboradores distribuidos por todo el país y con la premura que tienen los funcionarios públicos que son objeto de su vigilancia por resolver de manera satisfactoria las investigaciones y procesos disciplinarios en su contra, los delincuentes se valen del desconocimiento para urdir estafas que solo son descubiertas cuando ya es tarde.

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Uno de los procuradores delegados que suelen ser suplantado por estas organizaciones delictivas, advirtió la situación cuando varios conocidos empezaron a preguntarle por qué estaba contactando a directivos de ciertas entidades del Estado para agendar reuniones.

“Empezaron a llegar a mi celular y a mi despacho llamadas de personas que me conocen para confirmar si yo me había comunicado con determinada entidad estatal para solicitar reunión con gerentes de alto nivel”, recuerda el funcionario.

Según le contaron sus interlocutores, las primeras llamadas las hacía un supuesto asistente suyo, con el fin de advertir con anticipación a determinados funcionarios sobre procesos disciplinarios en su contra, planteaba una estrategia para resolverlos, un precio y exigía una consignación. Una vez hecha, desaparecía.

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Al ver que los casos crecían, el delegado decidió investigar la situación por su cuenta para poder denunciarla, “al principio fue un solo caso, pero recientemente están pululando en diferentes regiones del país. Hemos identificado diez en ciudades muy diversas: Arauca, Cali, Ibagué, Santa Marta, Bogotá y el departamento de Boyacá entre otros”

El funcionario suplantado encontró que las estafas se vienen desarrollando de tres maneras distintas, “una es que llama de parte mía un supuesto asistente que dice que quiero reunirme con los funcionarios y que se comuniquen conmigo a determinado número celular; una vez el funcionario se comunica, la persona que me suplanta le dice que deben reunirse en un lugar y, a una hora determinados, exige el valor de pasajes, viáticos y una vez consignado el dinero, desaparecen”, relata el procurador.

“En la segunda, llaman a funcionarios de órganos de control a decir que el procurador quiere reunirse con personas de diferentes entidades que ellos controlan.  El funcionario cae en la mentira, hace la llamada y la persona destinataria se comunica confiada en que sí está hablando con el procurador, hace las consignaciones y ahí todo acaba”, añade el Delegado.

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“La tercera modalidad es una persona que, haciéndose pasar por mí, se comunica directamente con el funcionario de alto nivel, le dice que es importante que se reúnan lo más pronto posible y le pone una cita que nunca se concreta. En una segunda llamada le asegura que como se perdió esa cita, ahora será necesario, encontrarse en otra ciudad y le exige dinero para el desplazamiento y viáticos de todo su equipo”, puntualiza el representante del Ministerio Público.

Los casos documentados, y otros que apenas comienzan a destaparse, tienen a la Procuraduría trabajando de manera articulada con la Dijín y la Fiscalía General de la Nación para identificar a las personas que están cometiendo estos ilícitos para que sean capturados, judicializados y condenados.

“Es importante que la gente sepa que se están cometiendo varios ilícitos en esta modalidad: concierto para delinquir, estafa para obtener dinero de manera ilícita y suplantación de Servidor Público”, resalta el procurador delegado.

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Los casos documentados, y otros que apenas comienzan a destaparse, tienen a la PGN trabajando para judicializar a los responsables.

Foto portada: Imagen de referencia tomada con licencia de anvatoelements.

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