El agua no ha dado tregua en Cundinamarca. En menos de dos meses, la temporada de lluvias ha superado lo previsto, dejando bastantes emergencias en buena parte del territorio. Son más de 2.200 familias damnificadas, viviendas perdidas y sistemas colapsados. En al menos 75 municipios, la lluvia no solo ha alterado el ritmo de vida, sino que ha puesto en evidencia la fragilidad de muchas infraestructuras locales.
Simijaca tiene el 20 % de su territorio bajo el agua. En Cajicá, medio centenar de familias vive entre el lodo y la incertidumbre. En Viotá, las corrientes súbitas rompieron las barreras del alcantarillado urbano y en Ricaurte y Cáqueza el esfuerzo se centra ahora en evacuar aguas represadas y evitar nuevos colapsos. Los nombres de los municipios varían, pero el drama se repite: techos vencidos, vías bloqueadas, puentes en riesgo y familias sin hogar.
Ante este panorama, la Gobernación de Cundinamarca declaró la calamidad pública y activó todos los mecanismos de respuesta, incluida la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN). En los casos más graves, ya se iniciaron procesos de reubicación con los gobiernos locales. El propio gobernador, Jorge Emilio Rey Ángel, aseguró que el departamento llegó al límite de su capacidad operativa, y pidió a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo una respuesta rápida, que permita estabilizar puentes, habilitar vías y garantizar atención integral a los afectados.
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Actualmente, hay más de 50 frentes de trabajo con maquinaria activa en campo. Pero las lluvias no cesan. El IDEAM ha advertido que las precipitaciones continuarán, al menos, hasta finales de junio, con aumentos de hasta el 20 % por encima de los niveles normales. Solo en abril el incremento fue del 50 %, y en lo corrido de mayo ya se acumula un 40 % más de agua que el promedio histórico.
Mientras tanto, las autoridades insisten en reforzar los planes municipales de emergencia, fortalecer la prevención comunitaria y mantener limpios techos, bajantes y canales. También se recuerda a la ciudadanía la importancia de reportar cambios en quebradas o ríos y evitar lanzar residuos que obstruyan el flujo natural del agua.
Los nombres de los municipios varían, pero el drama se repite: techos vencidos, vías bloqueadas, puentes en riesgo y familias sin hogar.
