La Contraloría General de la República, en conjunto con la Procuraduría General de la Nación, ha venido desarrollando mesas de trabajo con los Ministerios de Minas y Energía y de Hacienda, ante la preocupación de los organismos de control por los efectos de la mora en los giros de subsidios a las tarifas de energía y gas.
Como parte del fortalecimiento de esta labor, ambas entidades conformaron una Comisión Especial Interinstitucional del Sector Energético, que inició sus actividades con una mesa de trabajo junto al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios y su equipo.
El objetivo de esta comisión conjunta es hacer seguimiento a las acciones implementadas por los distintos actores del sector, con el fin de mitigar los riesgos identificados en cuanto a la sostenibilidad, calidad y cobertura de estos servicios esenciales.
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Este nuevo mecanismo de vigilancia se centrará especialmente en monitorear las problemáticas relacionadas con la prestación de los servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas.
Deuda por subsidios supera los $7,6 billones
Según cifras del Comité Intergremial de Energía y Gas, a enero de 2025 la deuda del Gobierno Nacional y otras entidades oficiales por servicios públicos domiciliarios de energía y gas asciende a $7,6 billones, distribuidos de la siguiente manera:
- $2,7 billones por subsidios de energía eléctrica.
- $3,3 billones por opción tarifaria.
- $1 billón por deuda de usuarios oficiales.
- $628 mil millones por subsidios de gas combustible.
Citación y requerimiento de información a la Superintendencia
En desarrollo de la Circular Conjunta No. 006 de 2025, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, requirieron a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios información detallada sobre la situación de la empresa intervenida AIR-E.
La Superintendencia deberá presentar un informe sobre las acciones adoptadas para garantizar la continuidad del servicio a cargo de dicha empresa. En particular, se solicitó información sobre:
- Los referentes normativos o doctrinales que fundamentan la supuesta prohibición de coadministración en empresas intervenidas, especialmente en el caso de AIR-E, así como las implicaciones de dicha prohibición.
- Los recursos disponibles en el Fondo Empresarial, su origen y los destinatarios actuales.
- Las gestiones realizadas frente a la solicitud de la Agente Especial para obtener $2,8 billones, destinados a garantizar la operación de la empresa durante 2025 y a cubrir deudas post-toma en el mercado mayorista.
- Las garantías exigidas para el desembolso de $148.000 millones en préstamos otorgados a AIR-E a través del Fondo Empresarial.
- Los resultados de las labores de inspección, vigilancia y control, realizadas por la Delegada para Energía y Gas Combustible, respecto a la prestación del servicio por parte de AIR-E.
Adicionalmente, en relación con los subsidios de energía y gas, la Contraloría y la Procuraduría solicitaron a la Superintendencia:
- Precisar los mecanismos de control ejercidos sobre los subsidios y contribuciones del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos – FSSRI.
- Informar cómo se garantiza que la información reportada al Sistema Único de Información (SUI) sea confiable, consistente y oportuna.
Como parte de este proceso, el Superintendente Libardo Yanod Márquez, junto con su equipo directivo y técnico, fue citado a una nueva mesa de trabajo.
“Hay que agilizar las acciones correctivas”: Contralor
En el estudio sectorial “Subsidios en Electricidad, Gas Combustible, GLP y Combustibles Líquidos en el periodo 2014-2024”, la Contraloría General de la República resaltó la urgencia de realizar ajustes para asegurar que los subsidios beneficien realmente a quienes más los necesitan.
El informe también propone revisar el actual sistema de estratificación, al considerar que no es el mecanismo más adecuado para la asignación de subsidios. Además, identifica deficiencias en la entrega, sostenibilidad, calidad y cobertura de estos apoyos, lo cual afecta las finanzas públicas y la prestación eficiente del servicio.
«Es fundamental que el Ministerio de Minas y Energía agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios, y asegure la implementación puntual de las mejoras pendientes», enfatizó el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
La ausencia de una solución integral a esta problemática financiera podría generar un riesgo sistémico en la prestación de los servicios públicos de energía y gas, con afectaciones en la calidad del servicio, las finanzas públicas y el bienestar de la población, especialmente la más vulnerable. Además, pondría en riesgo el desarrollo del país y podría vulnerar derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Colaboración armónica para soluciones oportunas
El contralor Rodríguez Becerra subrayó que la Contraloría, junto con la Procuraduría, continuará ejerciendo su función de control fiscal con el objetivo de garantizar que los subsidios de energía y gas cumplan su propósito social, sin comprometer la sostenibilidad fiscal del país.
“Nuestro deber como entes de control y nuestro compromiso con la ciudadanía nos lleva a trabajar articuladamente. No solo hacemos seguimiento y vigilancia a los temas críticos para el país, sino que, desde nuestras competencias, buscamos contribuir con soluciones oportunas a las coyunturas que lo requieran, más aún cuando está en juego la seguridad energética del país”, concluyó.
“El sistema actual de estratificación no es adecuado para asignar subsidios energéticos” — Contraloría.
Foto portada: Imagen de referencia.
