En rueda de prensa conjunta con autoridades municipales y de Policía, el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Zipaquirá, Óscar Fernando Castillo Barrantes, entregó detalles sobre el procedimiento e investigación que se adelanta por el asalto a un corresponsal bancario ocurrido a mediados de mayo en el barrio San Carlos.
Vecinos los retuvieron y los entregaron al Ejército
Según relató Castillo Barrantes, la comunidad fue clave en la reacción inmediata al hecho delictivo. “Fueron los vecinos quienes se percataron del robo y, de manera valiente y arriesgada, retuvieron a los presuntos ladrones, e incluso los agredieron. Luego los entregaron a una patrulla del Ejército Nacional que transitaba por la zona”, afirmó.
La Policía de Vigilancia llegó minutos después y puso el caso en conocimiento del fiscal de turno en la Unidad de Reacción Inmediata (URI). No obstante, se presentó un impedimento legal que cambió el rumbo del procedimiento.
¿Por qué no se legalizó la captura?
El secretario de Seguridad explicó que, según el fiscal, no se logró establecer flagrancia, es decir, los detenidos no fueron aprehendidos justo en el momento del delito. “Esto impidió que se pudiera legalizar la detención”, aseguró.
A pesar de ello, subrayó que los implicados están plenamente identificados y ya se encuentran vinculados al proceso penal. Castillo fue enfático al decir que la falta de legalización de la captura no implica impunidad: “El hecho de que no se hayan legalizado las capturas no significa que queden libres de responsabilidad”.
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Castillo Barrantes insistió en que el proceso judicial depende de que las víctimas interpongan la denuncia ante la Fiscalía.
“Si aún no lo han hecho, les solicitamos que por favor lo hagan lo más pronto posible, porque esa es la única vía para activar el proceso penal”, recalcó.
Videos del asalto: ¿pruebas útiles o evidencia contaminada?
Sobre los videos grabados durante el robo, el funcionario aclaró que pueden servir como evidencia social, pero su valor probatorio en un juicio penal es limitado si no cumplen con la cadena de custodia.
“Cualquier persona puede grabar un video, pero eso no le otorga autenticidad legal. Para que un video sea considerado elemento material probatorio, debe cumplir un protocolo de autenticación”, concluyó, sin embargo, insistió que las victimas deben interponer la denuncia correspondiente.
Videos del robo solo serán prueba válida si cumplen la cadena de custodia.
