La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó este miércoles 25 de marzo, una resolución que reposiciona en el centro del debate global la trata transatlántica de esclavos y la esclavitud racializada de africanos, al calificarlas como el crimen de lesa humanidad más grave registrado y al establecer nuevas bases jurídicas y políticas sobre sus consecuencias actuales.
El documento fue aprobado con 123 votos a favor, frente a la oposición de Argentina, Israel y Estados Unidos, y 52 abstenciones, principalmente de países del bloque occidental, incluido Japón. La votación refleja una fractura geopolítica en torno a la forma de abordar el legado de la esclavitud y sus implicaciones contemporáneas.
Impulsada por una coalición de 60 países de África, el Caribe y América Latina, la resolución plantea que este sistema de explotación, vigente durante más de cuatro siglos, no solo constituyó una violación del derecho internacional, sino que sigue teniendo efectos estructurales en millones de personas, impactando desigualdades económicas, raciales y sociales en múltiples regiones del mundo.
Un sistema que moldeó la economía global y las jerarquías raciales
El texto, adoptado en el marco del aniversario número 25 de la Declaración y Programa de Acción de Durban, va más allá de una condena simbólica. Establece que la esclavitud racializada operó como un modelo que configuró el orden económico y político internacional.
Según la resolución, este sistema fue el primero en codificar a los seres humanos y a sus descendientes como propiedad hereditaria, transferible y perpetua. Bajo esta lógica, la reproducción humana fue instrumentalizada como un mecanismo de acumulación de capital, mientras que la jerarquía racial se consolidó como principio organizador de las relaciones de poder a escala global.
El documento también detalla los marcos normativos que legitimaron este régimen. Desde las bulas papales del siglo XV hasta legislaciones coloniales como el Código de Esclavos de Barbados (1661) y el Código Negro francés (1685), se estructuró un andamiaje jurídico que definió a las personas esclavizadas como bienes muebles.
A esto se suma el principio partus sequitur ventrem, adoptado en Virginia en 1662, mediante el cual la condición de esclavitud se heredaba por línea materna, consolidando un sistema de reproducción intergeneracional de la explotación.
Delitos sin prescripción y presión internacional por reparación
Uno de los puntos más sensibles del documento es la reafirmación de que los crímenes asociados a la esclavitud y la trata de africanos esclavizados no prescriben. Esta definición introduce implicaciones directas en el debate global sobre justicia reparadora.
La resolución establece que los Estados responsables de estos hechos tienen la obligación de reparar integralmente los daños causados, lo que abre la puerta a nuevas discusiones sobre compensaciones, restituciones y reformas estructurales.
En ese contexto, se insta a los países a entablar un diálogo inclusivo y de buena fe que contemple:
- Disculpas formales y públicas.
- Medidas de restitución, indemnización y rehabilitación.
- Garantías de no repetición.
- Reformas institucionales para enfrentar el racismo estructural.
Este enfoque posiciona la reparación no solo como un acto simbólico, sino como un componente de transformación estructural.
Mujeres esclavizadas: el eje oculto del sistema
El documento introduce un énfasis particular en el impacto diferenciado sobre mujeres y niñas africanas, quienes fueron sometidas a violencia sexual sistemática, reproducción forzada y explotación doméstica.
La resolución advierte que el principio partus sequitur ventrem funcionó como un mecanismo de control reproductivo que permitió sostener la expansión del sistema esclavista, al convertir los cuerpos de las mujeres en instrumentos de producción de mano de obra.
Este reconocimiento amplía la lectura del fenómeno desde una perspectiva de género, incorporando dimensiones históricamente invisibilizadas.
Resistencia, memoria y disputa por la narrativa global
Lejos de presentar a las poblaciones africanas como sujetos pasivos, el texto resalta la resistencia constante de africanos y afrodescendientes. Desde formas tempranas de oposición hasta estrategias políticas, jurídicas y diplomáticas, estas acciones contribuyeron a la construcción del marco contemporáneo de derechos humanos.
En paralelo, la resolución impulsa una agenda activa de memoria. Solicita fortalecer la coordinación internacional en educación, investigación y conmemoración de la esclavitud, e insta a los Estados a integrar estos contenidos en sus políticas públicas.
Asimismo, respalda iniciativas lideradas por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, especialmente en materia de reparación y reconocimiento histórico.
Restitución cultural: una exigencia concreta
Entre las medidas más directas, el documento solicita la restitución inmediata, sin condiciones ni costos, de bienes culturales, archivos, documentos y objetos patrimoniales a sus países de origen.
Este punto conecta con un debate creciente sobre la devolución de patrimonio expoliado durante la colonización, y plantea un escenario de presión internacional sobre museos, gobiernos y colecciones privadas.
Un nuevo escenario para el debate global
La resolución se adopta en el marco del Segundo Decenio Internacional de los Afrodescendientes (2025–2034) y en la antesala del centenario de la Convención de 1926 sobre la trata de esclavos.
Su alcance trasciende lo declarativo: redefine el lenguaje jurídico, reabre discusiones sobre responsabilidades estatales y posiciona la justicia reparadora como un eje central de la agenda internacional.
El mensaje es directo: el pasado no está cerrado. Sus consecuencias siguen operando, y el sistema internacional comienza a reconfigurar las reglas para enfrentarlas.
La ONU fija posición: la esclavitud sigue impactando
el orden global.
