La violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales en Colombia no desaparece: se transforma y se vuelve más selectiva. Así lo evidencia el más reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), que analizó el periodo comprendido entre el 8 de marzo de 2025 y el 8 de marzo de 2026. En ese lapso se registraron 435 agresiones, lo que representa una disminución del 25,3 % frente al ciclo electoral de 2022, cuando se documentaron 582 hechos. Sin embargo, detrás de la reducción numérica emerge un patrón más sofisticado y preocupante.
Según explicó la directora de la MOE, Alejandra Barrios Cabrera, la variación en las cifras no implica mejores condiciones de seguridad. Por el contrario, responde a una reconfiguración de la violencia, ahora orientada al control territorial mediante acciones más dirigidas y estratégicas. Este cambio desplaza el riesgo hacia actores específicos y refuerza la presión en zonas donde persisten disputas por poder político y dominio armado.
Autoridades locales y liderazgos comunitarios, en la primera línea de riesgo
El informe identifica que el mayor impacto recae sobre autoridades locales y liderazgos visibles en sus comunidades. En el ámbito político, los concejales concentran la mayor afectación; en el social, los pueblos indígenas; y en el comunal, los presidentes de Juntas de Acción Comunal. Se trata de perfiles con incidencia directa en el territorio, lo que los convierte en objetivos de intimidación.
Uno de los datos más relevantes es el aumento de la violencia contra liderazgos políticos, que concentraron el 62,5 % de las agresiones (272 casos), con un crecimiento del 12,9 % frente al proceso anterior. A esto se suma un incremento del 31 % en la violencia letal contra este grupo, al pasar de 51 a 67 homicidios, lo que eleva el nivel de riesgo para quienes participan en la contienda electoral.
Amenazas a candidaturas y presión sobre la democracia
En paralelo, la MOE expresó su rechazo frente a las recientes amenazas e intimidaciones contra candidaturas a la Presidencia de la República y pidió acciones urgentes. La organización instó a las autoridades a identificar a los responsables, avanzar en su captura y garantizar sanciones efectivas. “Los ataques contra quienes participan en elecciones afectan directamente la democracia, al limitar el debate y generar condiciones de inseguridad”, advirtió Barrios Cabrera.
El documento también evidencia un aumento significativo en los secuestros de liderazgos políticos, que pasaron de un caso en 2022 a 14 en 2026. A esto se suma el crecimiento del 126,8 % en la violencia asociada a grupos armados ilegales, un factor que incrementa la presión territorial sobre el proceso electoral y condiciona la participación política en varias regiones.
Mapa de la violencia: concentración en 193 municipios y zonas CITREP
En términos geográficos, las agresiones se registraron en 193 municipios de 28 departamentos, con mayor concentración en Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander y Bogotá. Las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP) agrupan el 30,6 % de los hechos y más del 50 % de los asesinatos, lo que confirma la persistencia de riesgos elevados en zonas afectadas por el conflicto armado.
Frente a este panorama, la MOE propone fortalecer la articulación institucional con liderazgo de gobernadores y alcaldes, quienes, como primeras autoridades de Policía, deben impulsar políticas preventivas que integren a la comunidad, la Fuerza Pública y las entidades del Estado. Así lo señaló Diego Alejandro Rubiano Plazas, coordinador del Observatorio Político Electoral de la organización.
Violencia contra mujeres: menos casos, nuevas formas de agresión
En cuanto a las mujeres, el informe registró 80 agresiones contra lideresas, lo que representa una disminución del 46,3 % frente a 2022. No obstante, se advierte la aparición de nuevas formas de violencia, como la violencia vicaria —incorporada en la Ley 2453 de 2025—, documentada en departamentos como Caldas, Norte de Santander, Meta y Antioquia.
Finalmente, la MOE llamó a rediseñar los esquemas de protección, priorizar estudios de riesgo colectivo y fortalecer sistemas de alerta temprana. También insistió en la necesidad de reforzar la presencia institucional en corredores viales y municipios con mayor afectación, como una medida para contener la presión de la violencia en el contexto electoral.
El 62,5 % de las agresiones se concentró en liderazgos
políticos, especialmente
