La seguridad energética de Colombia entra en una zona de alta tensión. Un reciente estudio de la Contraloría General de la República encendió las alertas al evidenciar fallas estructurales en el abastecimiento de gas, combustibles líquidos y energía eléctrica, en un contexto internacional cada vez más incierto y competitivo.
El documento, titulado “Abastecimiento con Calidad y Almacenamiento Energético en Colombia 2020–2030”, no solo traza un diagnóstico técnico del sistema energético nacional, sino que plantea un escenario que podría traducirse en racionamientos, presión sobre tarifas y mayor dependencia externa si no se toman decisiones inmediatas.
Crisis global y presión internacional: el factor externo que agrava el panorama
El informe advierte que la persistencia del conflicto entre Rusia y Ucrania, sumado al escalamiento de tensiones en Medio Oriente, ha intensificado la volatilidad de los mercados energéticos y la competencia global por hidrocarburos.
En este escenario, Colombia enfrenta un reto estratégico: reducir su dependencia de importaciones y fortalecer su soberanía energética. La presión internacional no solo impacta los precios, sino también la disponibilidad de recursos, lo que obliga al país a replantear su modelo de abastecimiento con enfoque estructural.
Uno de los hallazgos más preocupantes está en el sector gasífero. Aunque el país mantiene niveles de producción relevantes, solo el 67 % del gas extraído en 2024 fue realmente comercializado, debido a factores técnicos como reinyección, autoconsumo y limitaciones de calidad.
Este desbalance obligó por primera vez a Colombia a importar gas natural licuado para cubrir su demanda interna, marcando un punto de inflexión en la autosuficiencia energética.
A esto se suma una reducción sostenida de las reservas: el horizonte actual es de apenas 5,9 años para gas y 7,2 años para petróleo. Un dato que, en términos de planeación, enciende una señal crítica sobre la sostenibilidad del sistema.
Riesgo de desabastecimiento desde 2026: regiones del interior en la mira
La falta de nuevos proyectos de regasificación, especialmente en el Pacífico, y la ausencia de redundancias en el sistema de transporte aumentan la vulnerabilidad del país.
El informe advierte que, a partir de 2026, podrían presentarse dificultades para atender la demanda, particularmente en regiones del interior. Frente a este escenario, se plantean soluciones urgentes como la importación de gas por Buenaventura y el desarrollo de alternativas en La Guajira y Coveñas.
En zonas rurales y dispersas, el Gas Licuado de Petróleo (GLP) cumple un papel fundamental como sustituto de la leña, aportando a la transición social y ambiental.
Sin embargo, la limitada capacidad de almacenamiento y las restricciones logísticas amenazan la continuidad del servicio en territorios apartados, lo que podría afectar directamente a poblaciones vulnerables.
Planeación desconectada: más usuarios, pero sin garantía de suministro
El estudio señala una falla estructural en la planeación energética: mientras se proyecta ampliar la cobertura del servicio, no se asegura el volumen de gas necesario para atender esa expansión.
Esta desconexión podría derivar en racionamientos, incrementos tarifarios y mayores niveles de inequidad, afectando tanto a hogares como al sector productivo.
El informe revela que cerca del 40 % de la gasolina consumida en el país proviene de importaciones, lo que evidencia una pérdida progresiva de autosuficiencia.
El ACPM sigue la misma tendencia. Aunque actualmente las importaciones son menores, la falta de nuevos proyectos de refinación anticipa un aumento sostenido de esta dependencia y, con ello, mayores presiones fiscales asociadas a los subsidios.
Energía eléctrica: cobertura avanza, pero la calidad sigue rezagada
En el sector eléctrico, el país enfrenta un doble desafío: ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio.
Más de 1,3 millones de viviendas aún no cuentan con acceso a energía, y cerrar esta brecha requeriría inversiones superiores a 32 billones de pesos. Además, persisten desigualdades territoriales en la continuidad del servicio, especialmente en zonas rurales.
El problema se agrava por la fragmentación en la gestión de recursos y los bajos niveles de ejecución presupuestal, pese a la existencia de múltiples fuentes de financiación.
De cara a 2030, se proyecta que las energías renovables no convencionales representen cerca de una tercera parte de la generación eléctrica.
No obstante, este escenario dependerá en gran medida de la entrada en operación de los 1.200 MW pendientes de Hidroituango. Sin estos aportes, el sistema podría enfrentar mayores niveles de presión.
En este contexto, el almacenamiento de energía —especialmente mediante baterías— se posiciona como un elemento determinante para garantizar la estabilidad del sistema. La meta actual de 1.500 MW deberá ser revisada para ajustarse al crecimiento de la generación renovable.
Llamado urgente: decisiones estructurales para evitar impactos en los usuarios
La Contraloría insiste en la necesidad de adoptar medidas inmediatas que incluyan:
- Reactivación de la exploración energética.
- Desarrollo de infraestructura de importación y regasificación.
- Implementación de sistemas de almacenamiento estratégico.
- Mejora en la articulación institucional y ejecución de recursos.
Sin una planeación integral que conecte expansión de cobertura con garantía de abastecimiento, el país podría enfrentar escenarios de presión sobre tarifas, interrupciones del servicio y afectaciones a los recursos públicos.
Un sistema bajo presión que exige respuestas inmediatas
El diagnóstico deja claro que Colombia no enfrenta un problema aislado, sino una convergencia de factores internos y externos que comprometen su seguridad energética.
La ventana de acción es limitada. Las decisiones que se tomen en el corto plazo determinarán si el país logra estabilizar su sistema energético o si, por el contrario, entra en un ciclo de dependencia, costos elevados y vulnerabilidad frente a choques internacionales.
Las reservas energéticas tienen un horizonte limitado que compromete el futuro del abastecimiento.
