El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, lanzó una de las advertencias más fuertes de los últimos meses sobre la situación que enfrentan miles de niños y adolescentes en Colombia, al denunciar el avance del reclutamiento de menores, la expansión de estructuras criminales y las profundas fallas sociales que siguen empujando a jóvenes vulnerables hacia escenarios de violencia y delincuencia.
La declaración fue realizada durante el Conversatorio de Justicia y Ciudadanía “Justicia Juvenil”, liderado por la Corte Suprema de Justicia, un espacio en el que el jefe del Ministerio Público pidió frenar de manera urgente la utilización de menores de edad en actividades criminales y en dinámicas asociadas al conflicto y la violencia territorial.
“Dejen a los niños fuera del conflicto. Dejen a los adolescentes fuera de la guerra. Señores reclutadores y delincuentes, basta ya”, afirmó Eljach en uno de los momentos más contundentes de su intervención.
Reclutamiento, abandono y violencia: el panorama que preocupa a la Procuraduría
El procurador advirtió que una gran parte de los adolescentes que hoy ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) ya habían atravesado desde la infancia situaciones de vulneración extrema de derechos, muchas veces sin respuestas efectivas del Estado.
Según explicó, detrás de numerosos casos aparecen antecedentes de violencia intrafamiliar, abandono, maltrato, deserción escolar, consumo de sustancias psicoactivas y entornos marcados por pobreza, exclusión y ausencia institucional.
Para la Procuraduría, estos factores terminan aumentando significativamente el riesgo de que niños y adolescentes sean captados por redes delincuenciales, estructuras armadas o economías ilegales que operan en distintas regiones del país.
Eljach Pacheco insistió en que la delincuencia juvenil no puede analizarse únicamente desde el castigo o la judicialización, sino desde una comprensión mucho más amplia del fenómeno social que rodea a miles de jóvenes colombianos.
“El problema no nace únicamente en el delito. Detrás de muchos adolescentes vinculados al sistema penal hay historias de abandono, violencia y falta de oportunidades”, fue la línea central expuesta durante el conversatorio.
Más de 1.400 adolescentes ingresaron al sistema penal este año
Durante su intervención, el procurador reveló cifras que encendieron las alertas sobre la dimensión del problema.
Con corte a marzo de este año, 1.444 adolescentes habían ingresado al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, especialmente en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico, territorios que concentran buena parte de los registros reportados por las autoridades.
Además, más de 400 jóvenes que anteriormente estuvieron bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) terminaron posteriormente vinculados al sistema penal, situación que refleja las dificultades existentes para garantizar procesos efectivos de protección, acompañamiento y restablecimiento de derechos.
La Procuraduría también alertó sobre la reincidencia juvenil. Entre 2023 y 2025, más de 500 adolescentes volvieron a ingresar al sistema por falta de respuestas institucionales sostenidas, mientras que más de 8.000 llegaron al SRPA sin contar siquiera con escolaridad básica.
Para el Ministerio Público, este panorama refleja una problemática estructural relacionada con pobreza, barreras educativas, exclusión social y fallas en la capacidad estatal para intervenir tempranamente en contextos de riesgo.
“No basta con judicializar”: Procuraduría pide fortalecer políticas públicas
Durante el encuentro, Eljach Pacheco pidió fortalecer las políticas públicas dirigidas a la niñez y adolescencia mediante enfoques territoriales, diferenciales y restaurativos que permitan intervenir antes de que los menores terminen involucrados en dinámicas criminales.
La Procuraduría considera necesario avanzar en estrategias integrales que incluyan educación, salud mental, acompañamiento familiar, acceso a oportunidades y programas de inclusión social para reducir los factores de riesgo que afectan especialmente a comunidades vulnerables.
El jefe del Ministerio Público sostuvo que la respuesta estatal no puede limitarse a sancionar cuando el adolescente ya ingresó al sistema penal, sino que debe enfocarse en prevención, protección y reconstrucción de proyectos de vida.
La advertencia cobra relevancia en medio de la creciente preocupación nacional por los casos de reclutamiento forzado de menores, el fortalecimiento de estructuras criminales en varios territorios y las dificultades institucionales para garantizar protección integral a niños, niñas y adolescentes.
Formación y oportunidades para evitar la reincidencia
En medio del panorama expuesto, el procurador destacó algunos programas desarrollados junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) en Centros de Atención Especializada del SRPA ubicados en Popayán, Armenia y Cali.
Estas iniciativas han beneficiado a más de 300 adolescentes y jóvenes mediante procesos de formación académica, capacitación ocupacional y acompañamiento orientado a facilitar procesos de inclusión social.
Según explicó la Procuraduría, los programas buscan ampliar oportunidades para jóvenes que ya tuvieron contacto con el sistema penal y reducir los riesgos de reincidencia mediante herramientas educativas y laborales.
El conversatorio liderado por la Corte Suprema de Justicia terminó convirtiéndose en un escenario de alerta nacional sobre la situación de miles de menores en Colombia y sobre la necesidad de fortalecer de manera urgente las estrategias de prevención, protección y atención integral frente a la violencia que sigue afectando a la niñez y la adolescencia en distintos territorios del país.
Más de 1.444 adolescentes ingresaron este año al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
