Este viernes 1.° de agosto, la justicia colombiana marcó un precedente histórico: el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria, luego de que una juez en Paloquemao lo hallara responsable de intentar manipular testigos a través de intermediarios.
La decisión fue tomada por la juez Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien también ordenó el pago de una multa de más de $3.444 millones y lo inhabilitó para ocupar cargos públicos por varios años.
Según la sentencia, Uribe habría dado luz verde (o al menos conocía) los intentos por buscar testimonios favorables en cárceles del país. Es decir, personas cercanas a él, como el abogado Diego Cadena, contactaron a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones y lo desligaran de supuestos vínculos con grupos armados ilegales.
La condena aún no es definitiva. El abogado de Uribe, Jaime Granados, ya anunció que apelará la decisión el próximo 11 de agosto ante el Tribunal Superior de Bogotá. Esa instancia tiene hasta el 16 de octubre para pronunciarse, pues si no lo hace en ese plazo, el caso podría prescribir y quedar sin efecto.
Mientras tanto, la jueza Heredia individualizará la pena (es decir, detallará cómo debe cumplirse) y emitirá una orden de captura contra el expresidente, quien pagaría su condena en modalidad domiciliaria, es decir, desde su lugar de residencia.
Este caso no solo ha generado un fuerte debate político, sino que también se ha convertido en un momento clave para la justicia en Colombia. Nunca antes un expresidente había sido condenado penalmente.
