Por Tribunal de Cundinamarca defiende los derechos de una líder indígena
En una decisión que resalta la importancia del debido proceso y la seguridad personal, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) tuteló los derechos fundamentales de una líder indígena, defensora de derechos humanos y activista por los derechos de la mujer indígena. La resolución se produce tras una controvertida decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que había decidido cancelar las medidas de protección asignadas a la beneficiaria, argumentando que esta no había permitido la reevaluación de las circunstancias de riesgo que justificaban su custodia.
El TAC dictaminó que la medida de la UNP carecía de los estudios técnicos individualizados y específicos necesarios para fundamentar su decisión. Esto llevó a la conclusión de que se había vulnerado el derecho al debido proceso y a la seguridad personal de la activista. “Una decisión que implica la desprotección de personas en situaciones de peligro inminente debe estar respaldada por una justificación técnica especializada”, declaró el Tribunal.
Aunque el tribunal reconoció que hubo una desatención por parte de la beneficiaria, enfatizó que la administración debe proporcionar una justificación clara y razonable para cualquier cambio en las medidas de protección. La falta de un análisis adecuado sobre las condiciones de riesgo actuales fue un factor determinante en la decisión del TAC.
Como resultado de esta evaluación, el Tribunal ordenó a la UNP realizar un nuevo procedimiento de valoración de las circunstancias que rodean a la líder indígena, con el fin de reanudar las medidas de protección necesarias para garantizar su seguridad. Esta acción no solo subraya el compromiso del TAC con la defensa de los derechos humanos, sino que también destaca la responsabilidad de las entidades estatales en la protección de los más vulnerables.
La situación de esta líder indígena pone de manifiesto la urgencia de contar con mecanismos efectivos de protección para quienes defienden los derechos humanos en Colombia, especialmente en un contexto donde las amenazas y agresiones hacia activistas son una realidad alarmante.
La UNP había cancelado las medidas de protección sin estudios técnicos adecuados.
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