Los gobiernos locales deben asegurar el control de precios y evitar el acaparamiento, tanto de alimentos como de otros bienes necesarios para la atención de la actual emergencia.
Foto referencial/Cortesía.
BOGOTÁ.
La Procuraduría General de la Nación (PGN) vigilará que las gobernaciones y municipios promuevan las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento alimentario y la protección de la Economía Campesina, Familiar y Comunitaria (ECFC), durante la actual emergencia sanitaria.
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El memorando 005, de marzo de 2020, designó a los procuradores Judiciales Agrarios y Ambientales para que confirmen que a las comunidades campesinas se les garantice el desarrollo a ejercer sus actividades, en condiciones de seguridad adecuadas ante la expansión del covid-19, de manera que cuenten con implementos necesarios como guantes y tapabocas.
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Igualmente, vigilarán que se suministre el mínimo vital a los campesinos mayores de 70 años, quienes por su edad tienen restringida la circulación, y su subsistencia depende del ingreso que obtienen por su actividad agrícola o pecuaria.
La comunicación destaca la necesidad de que los gobiernos locales, con el apoyo de autoridades departamentales o nacionales, aseguren el control de precios y eviten el acaparamiento, tanto de alimentos como de otros bienes necesarios para la atención de la actual emergencia; promuevan los mercados locales e implementen estrategias, como los llamados circuitos cortos de comercialización, para asegurar el abastecimiento de las comunidades.
Los procuradores Judiciales Agrarios y Ambientales podrán instar a las autoridades locales y de policía para que permitan el libre desplazamiento de los campesinos y demás actores que integran la cadena de abastecimiento alimentario en el país, y de esa forma facilitar el ejercicio de sus actividades.
Vigilarán la adopción de las medidas de bioseguridad en los procesos de producción, postcosecha, acopio, distribución y comercialización, para respetar las medidas de protección frente al covid-19 y garantizar la seguridad de todos los abonados a la ECFC.
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Para la Procuraduría General de la Nación es necesario profundizar la comunicación con los gobiernos locales, departamentales y las Juntas de Acción Comunal, así como también con las asociaciones que albergan a los miembros de la ECFC, que permitan tanto su protección, como su fortalecimiento.
Se debe vigilar la adopción de las medidas de bioseguridad en los procesos de producción, postcosecha, acopio, distribución y comercialización.
