La Procuraduría General de la Nación (PGN) encendió nuevamente las alertas frente a la situación que enfrenta el pueblo indígena Jiw en el departamento del Meta, luego de advertir que las entidades responsables aún no demuestran avances concretos en el cumplimiento de las órdenes emitidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-092 de 2021.
El organismo de control solicitó pruebas verificables y resultados medibles relacionados con acceso a agua potable, atención en salud, nutrición, educación y protección integral para las familias indígenas asentadas en el resguardo Naexal Lajt, ubicado en el municipio de Mapiripán.
La advertencia surge después de revisar los informes presentados durante la vigencia 2025 por las entidades vinculadas al cumplimiento de la sentencia. Según la Procuraduría, aunque existen reportes de gestiones administrativas y actuaciones institucionales, todavía no hay evidencia suficiente que permita demostrar el Goce Efectivo de Derechos (GED) ordenado por la Corte Constitucional.
La situación mantiene preocupación entre organismos judiciales y entidades de control debido a las condiciones de vulnerabilidad extrema que enfrenta esta comunidad indígena, considerada sujeto de especial protección constitucional por el riesgo de desaparición física y cultural.
La Corte Constitucional había ordenado medidas urgentes para proteger al pueblo Jiw
La Sentencia SU-092 de 2021 se convirtió en uno de los pronunciamientos más relevantes sobre la protección de pueblos indígenas en riesgo en Colombia. En esa decisión, la Corte Constitucional alertó sobre las graves condiciones humanitarias, sociales y territoriales que afectan al pueblo Jiw y ordenó acciones inmediatas por parte de distintas entidades estatales.
El Alto Tribunal señaló que la comunidad indígena enfrentaba múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales y advirtió que la falta de intervención efectiva podía agravar aún más su situación de vulnerabilidad.
Entre las entidades con responsabilidades directas figuran la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Alcaldía de Mapiripán, la Gobernación del Meta, la Unidad para las Víctimas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Superintendencia Nacional de Salud (SNS), Cormacarena, la Personería Municipal y la Defensoría del Pueblo Regional Meta.
La Corte enfatizó en la necesidad de adoptar medidas coordinadas y sostenibles para proteger la permanencia física, territorial y cultural del pueblo Jiw, en medio de problemáticas relacionadas con acceso limitado a servicios básicos, precariedad institucional y afectaciones estructurales sobre sus condiciones de vida.
Procuraduría cuestiona avances parciales reportados por las entidades
Tras analizar las respuestas oficiales entregadas durante 2025, la Procuraduría Regional de Instrucción Meta concluyó que los informes presentados por las entidades muestran avances administrativos parciales, pero no permiten acreditar transformaciones reales en las condiciones de vida de la comunidad indígena.
Por esta razón, el Ministerio Público envió nuevos requerimientos preventivos con el objetivo de verificar si realmente existen resultados ciertos, sostenibles y medibles en favor de las familias asentadas en el resguardo Naexal Lajt.
La entidad insistió en que no basta con reportar reuniones, mesas técnicas, trámites o compromisos institucionales si estos no se reflejan en mejoras concretas relacionadas con salud, alimentación, acceso al agua, educación y garantías de protección integral.
Además, la Procuraduría reiteró que el seguimiento debe mantenerse bajo un enfoque preventivo, diferencial y territorial, teniendo en cuenta las particularidades culturales y sociales del pueblo Jiw.
Persisten las alertas por riesgo de desaparición física y cultural
El organismo de control advirtió que la situación del pueblo Jiw continúa generando preocupación nacional debido a las condiciones de vulnerabilidad extrema que persisten en esta zona del Meta.
La Procuraduría recordó que las órdenes emitidas por la Corte Constitucional no pueden quedarse únicamente en documentos, reportes administrativos o compromisos sin ejecución efectiva en el territorio, especialmente cuando se trata de comunidades indígenas que enfrentan amenazas sobre su permanencia cultural y física.
En Mapiripán, las dificultades de acceso estatal, las limitaciones en servicios esenciales y las condiciones sociales del territorio siguen siendo factores que impactan directamente a las familias indígenas asentadas en el resguardo Naexal Lajt.
El Ministerio Público señaló finalmente que continuará realizando seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes judiciales y a las actuaciones de las entidades responsables, con el propósito de verificar que las medidas adoptadas realmente se traduzcan en garantías efectivas para la protección y supervivencia del pueblo Jiw.
Pueblo Jiw continúa bajo riesgo de desaparición física y cultural,
según organismos de control.
