Personería de Zipaquirá se une a Apercundi para exigir garantías a sus labores

Al menos el 10% de los personeros del país están amenazados de muerte, ya varios han sido víctimas de atentados y otros han perdido sus vidas.

20 de mayo de 20211923 views0

La personería de Zipaquirá se unió a la Asociación de Personerías de Cundinamarca (APERCUNDI), y a la Federación Nacional de Personerías de Colombia (Fenalper), para exigir al Gobierno Nacional garantías laborales, debido a la difícil situación por la que atraviesan las Agencias del Ministerio Público en el país.

Según los personeros, han sido reiterados los incumplimientos del Estado para dar solución a la desprotección y a la falta de fortalecimiento institucional financiero y presupuestal.

También, estas entidades, que deben garantizar el cumplimiento a los Derechos Humanos, han sufrido reducciones presupuestales, desalojos de las instalaciones de algunas entidades, sobrecarga laboral y falta de respaldo por parte de la Unidad Nacional de Protección ante las amenazas y riesgo a la vida de más del 10 % de personeros del país.

“Las 1.103 Personerías en el país continuamos en pie de lucha, reclamando y demandando del estado colombiano soluciones a la difícil situación por la que atravesamos para poder cumplir con nuestro rol de defensores de los ciudadanos más vulnerables”, manifestó Miller Mauricio Castro Duque, presidente de Apercundi y personero de Zipaquirá, quien agregó: “El Gobierno Nacional tiene una deuda histórica con las personerías, poseemos un presupuesto muy limitado para poder funcionar y cumplir con las más de 1.000 labores que nos obliga la Constitución y la Ley.

El 90% de las personerías del país, que son de sexta categoría, funcionan durante todo el año con tan solo 150 salarios mínimos legales mensuales, es decir unos $135 millones; con ello tienen que pagarse el salario del personero y de su secretaria, las prestaciones sociales de ambos, pago de servicios públicos, adquisición de papelería y muchos más elementos que requiere una personería para poder funcionar. Al menos el 10% de los personeros del país están amenazados de muerte, ya varios han sido víctimas de atentados y otros han perdido sus vidas.

Adicionalmente son las únicas entidades que hacen parte del Ministerio Público y que no cerraron las puertas en pandemia; les ha tocado seguir con la declaración de víctimas, labor que también es obligación de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría. Los personeros les han tocado hacer seguimiento al Plan Nacional de Vacunación, lo cual implica ir hasta los Centros Hospitalarios con los riesgos que ello implica para su salud, tal como le sucedió al personero de Aguazul, Casanare, quien perdió su vida por contagio de covid 19.

Tienen que hacer seguimiento al hacinamiento carcelario, vigilancia ante la entrega de ayudas humanitarias en época de pandemia, ello, sin contar con los elementos idóneos de bioseguridad, entre muchas, muchas labores más. A pesar de todo esto, la personerías continúan trabajando sin parar para garantizar el bienestar ciudadano y el cumplimiento de los Derechos Humanos.

Hoy el personero de Zipaquirá y algunos de sus funcionarios están aislados porque a pesar de las medidas de bioseguridad que han tenido, contrajeron el covid 19, y están en recuperación.