La Contraloría General de la República (CGR), en su misión de proteger los recursos públicos destinados a la salud y garantizar el derecho fundamental de millones de colombianos, ha intensificado las labores de vigilancia y control sobre la gestión fiscal de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), según lo informó la entidad a través de un comunicado oficial.
Deficiencias graves en la calidad y seguridad de los datos
Por instrucción del Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, el organismo adelantó una actuación de policía judicial en la Nueva EPS con el fin de obtener la información financiera y administrativa que esta entidad no había entregado de manera certificada ni dictaminada para las vigencias 2023 y 2024.
Sin embargo, en el desarrollo de la investigación, la Contraloría encontró limitaciones críticas en la calidad, seguridad y trazabilidad de los datos. Esta deficiencia, frecuente en el sector salud, impide conocer con claridad el destino de los recursos públicos.
Hallazgos principales
- Incumplimiento del Decreto 441 de 2022: La Nueva EPS no presentó notas técnicas, soportes documentales ni definió modalidades de pago claras, lo que genera opacidad contractual y expone al sistema a riesgos de doble pago, sobreutilización de servicios y desvío de recursos.
- Anticipos irregulares a IPS: Entre 2022 y 2025, la entidad giró anticipos en contratos “por evento”, práctica prohibida por la normativa vigente.
- Auditorías omitidas: La Nueva EPS dejó de auditar las cuentas médicas de las IPS que recibieron anticipos, generando un saldo pendiente por legalizar de $15,3 billones al 30 de junio de 2025.
- Facturas sin control: La falta de auditoría a 13,7 millones de facturas, equivalentes a $13,2 billones, abre la posibilidad de pérdida de recursos públicos por glosas u objeciones que habrían debido ser asumidas por la EPS.
- Inconsistencias de información: Se detectaron diferencias entre los datos obtenidos por la policía judicial, lo reportado a la Contraloría y lo registrado en fuentes oficiales como la ADRES, lo que genera serias dudas sobre la transparencia en el manejo de ingresos y giros.
Próximas acciones
La Contraloría anunció que continuará con las actuaciones necesarias para determinar el daño fiscal y establecer presuntos responsables. Asimismo, informó que se realizarán requerimientos adicionales de información a distintos actores del sistema de salud y, de ser necesario, se acudirá nuevamente a las facultades de policía judicial otorgadas por la ley.
Con estos hallazgos, el órgano de control advierte que la Nueva EPS, la mayor del país, debe responder por la correcta administración de los recursos públicos que garantizan la atención en salud de millones de colombianos.
Más de $28,5 billones en riesgo por fallas
en los controles internos de la EPS.
