A solo 12 días del vencimiento del plazo estipulado por la Ley 2346 de 2024, los municipios de Colombia se declaran en máxima alerta ante una posible crisis humanitaria en los centros de detención transitoria. La norma establece que, desde el 1 de julio, será la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) la encargada de garantizar la alimentación de las personas privadas de la libertad, pero las condiciones actuales generan profunda incertidumbre.
El alcalde de Soacha y presidente de la Federación Colombiana de Municipios, Julián Sánchez ‘Perico’, alzó la voz en representación de los entes territoriales:
“Nos encontramos en un vacío operativo que impide a los municipios contar con la capacidad técnica, administrativa y financiera para asumir esta responsabilidad. No podemos permitir que esta situación desemboque en una crisis institucional”.
Sánchez exhortó de manera urgente al Ministerio de Justicia, a la Corte Constitucional —que ha jugado un papel clave en la defensa del derecho a la alimentación de los privados de la libertad— y al Congreso de la República para que brinden una solución inmediata. “A partir del 1 de julio, no hay garantías claras, y los alcaldes no podemos seguir asumiendo cargas sin respaldo legal ni recursos suficientes”, señaló.
La preocupación no es menor. Desde hace meses, municipios grandes y pequeños han advertido que el sostenimiento de personas detenidas provisionalmente ha sobrecargado sus capacidades. Ahora, con el plazo tan cercano, el temor de un colapso en el sistema penitenciario local se convierte en una amenaza patente.
Lea también
“Esto no es solo injusto, es inviable.
Nos empujan a una crisis penitenciaria sin precedentes”.
