La Sala Especial de Seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) Penitenciario, Carcelario y en los Centros de Detención Transitoria ha expuesto una alarmante realidad en Colombia: las condiciones inhumanas en las que se encuentran las personas detenidas en estos centros. El exceso de las 36 horas permitidas por la ley para la detención en estos lugares no solo constituye una violación a la Constitución, sino que también implica condiciones indignas para los detenidos, quienes carecen de lugares adecuados para dormir y de instalaciones básicas para sus necesidades fisiológicas.
En su reciente evaluación, la Sala Especial reveló problemáticas persistentes como altos índices de hacinamiento, deficiencias en la alimentación y en los servicios de salud, y una falta de acceso a la información para la población privada de la libertad. En junio de 2024, se registraron 22.751 personas detenidas en Centros de Detención Transitoria (CDT) a nivel nacional, a pesar de que la capacidad total de estos lugares es de solo 9.691, lo que refleja un hacinamiento del 135%.
Las condiciones alimentarias en los CDT son precarias. Los alimentos proporcionados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a menudo no cumplen con los requerimientos nutricionales mínimos y son entregados crudos, en estado de descomposición, o a deshoras. En muchos casos, los detenidos dependen de sus familiares para recibir comida. Los extranjeros, especialmente en el CDT de Chocontá (Cundinamarca), dependen de la solidaridad de sus compañeros para alimentarse.
El servicio de salud es igualmente deficiente. La atención médica se limita a brigadas esporádicas, dejando a los detenidos sin acceso regular a tratamientos y consultas. En departamentos como Magdalena, no se proporciona atención de salud adecuada, lo que resulta en brotes constantes de enfermedades y falta de tratamiento para pacientes psiquiátricos.
La Sala Especial subrayó que las condiciones inhumanas en los CDT afectan negativamente la salud, la defensa legal y los procesos de resocialización de los detenidos. Las instalaciones carecen de sistemas adecuados para el manejo de aguas negras y residuos, y presentan problemas con el acceso y la calidad del agua potable.
Ante esta crisis, la Sala ordenó al INPEC, con el apoyo de la Policía y la Fiscalía, el traslado inmediato de todas las personas condenadas en los CDT a establecimientos de reclusión a nivel nacional. Además, se exigió un plan de deshacinamiento que incluya la disposición de inmuebles, la ampliación de cupos penitenciarios y la celebración de convenios interadministrativos para garantizar que las personas no permanezcan más de 36 horas en estos centros.
La situación en los CDT es una tragedia humanitaria que avergüenza a la República y exige una acción inmediata y coordinada para proteger los derechos y la dignidad de las personas privadas de la libertad en Colombia.
