El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad mediante la expedición del Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, una decisión que marca el cierre administrativo de una de las entidades más recientes de la estructura estatal colombiana y que obliga a reorganizar competencias, programas, recursos y personal dentro de diferentes organismos del orden nacional.
La medida se produce como consecuencia directa de la decisión adoptada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-161 de 2024, mediante la cual fue declarada inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que dio vida jurídica a esta cartera ministerial durante el actual gobierno.
Aunque el Alto Tribunal determinó que la ley presentaba vicios en su trámite legislativo, también decidió diferir los efectos de la sentencia por dos legislaturas con el propósito de evitar una interrupción inmediata de los programas, políticas y acciones que se encontraban bajo la responsabilidad del ministerio. Cumplido ese plazo constitucional, la norma dejó de producir efectos jurídicos, situación que llevó al Ejecutivo a adoptar las medidas necesarias para su liquidación.
Un ministerio creado para coordinar políticas de igualdad y protección social
El Ministerio de Igualdad y Equidad fue creado en 2023 con el objetivo de diseñar, coordinar y ejecutar políticas orientadas a reducir brechas sociales, económicas y territoriales, así como fortalecer la atención de poblaciones vulnerables y grupos históricamente discriminados.
Durante su funcionamiento asumió la coordinación de programas enfocados en mujeres, comunidades étnicas, personas con discapacidad, población LGBTIQ+, habitantes de territorios con altos índices de pobreza y otros sectores considerados sujetos de especial protección constitucional.
Además, se convirtió en cabeza del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad, al que fueron adscritas entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Instituto Nacional para Sordos (INSOR) y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI).
Con la entrada en vigencia del decreto de liquidación, el ministerio pasará a denominarse oficialmente “Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación”.
El proceso tendrá una duración inicial de un año
La normativa establece que la liquidación se desarrollará durante un período inicial de doce meses, aunque el Gobierno nacional podrá extender ese plazo mediante un acto administrativo debidamente sustentado si las circunstancias así lo requieren.
Durante ese tiempo será designado un liquidador, quien asumirá la representación legal de la entidad y tendrá la responsabilidad de administrar los bienes, derechos, obligaciones, contratos, procesos judiciales, archivos y demás asuntos pendientes.
Entre sus funciones estará la elaboración de inventarios, la transferencia de activos, la atención de acreencias, la conservación documental y la ejecución de todas las actuaciones necesarias para culminar ordenadamente el cierre institucional.
El liquidador también deberá rendir informes periódicos a la Presidencia de la República y a los organismos de control sobre el avance del proceso.
Programas y fondos continuarán bajo otras entidades del Estado
Uno de los principales desafíos derivados de la liquidación consiste en garantizar que las iniciativas impulsadas por el ministerio continúen operando sin afectar a las poblaciones beneficiarias.
Por esta razón, el decreto contempla la redistribución de funciones y competencias hacia otras entidades del Gobierno nacional.
La medida incluye la continuidad de varios fondos especiales administrados por la cartera, entre ellos el Fondo “No es Hora de Callar”, orientado a la atención y protección de mujeres víctimas de violencia; el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico; y el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial.
El Gobierno señaló que estas herramientas financieras deberán seguir funcionando bajo la administración de las entidades que sean designadas para asumirlas, garantizando la destinación específica de sus recursos y la continuidad de sus objetivos.
Ministerio de Hacienda realizará ajustes presupuestales
La reorganización institucional también implicará modificaciones en la distribución de recursos públicos.
De acuerdo con el decreto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público tendrá la responsabilidad de efectuar los ajustes presupuestales necesarios para que las entidades receptoras puedan asumir las funciones trasladadas.
La finalidad es asegurar que los programas, proyectos y compromisos adquiridos continúen ejecutándose dentro del marco fiscal vigente y sin afectar la prestación de servicios a la ciudadanía.
Además, los bienes, activos y rentas del ministerio serán transferidos a título gratuito a las entidades públicas que determine el Gobierno nacional, mediante los procedimientos administrativos correspondientes.
Qué ocurrirá con los funcionarios del Ministerio de Igualdad
La liquidación también tendrá efectos sobre la planta de personal de la entidad.
El decreto ordena la elaboración de un programa de supresión de cargos que permita definir qué servidores públicos acompañarán el proceso hasta su terminación y cuáles puestos serán eliminados de manera gradual.
Las relaciones laborales finalizarán conforme a las disposiciones vigentes para este tipo de procesos administrativos.
Sin embargo, la norma establece que deberán respetarse las garantías constitucionales y legales aplicables a trabajadores con protección especial, incluyendo personas con estabilidad laboral reforzada, madres o padres con protección especial reconocida por la ley y funcionarios próximos a cumplir los requisitos para acceder a una pensión.
Las autoridades precisaron que estas medidas deberán aplicarse de acuerdo con los criterios establecidos por la Corte Constitucional y la normativa laboral vigente.
Archivos, documentos y procesos judiciales también harán parte de la liquidación
Otro de los componentes relevantes del proceso será la conservación de la información institucional.
El decreto ordena preservar y transferir todos los archivos físicos y digitales producidos por el Ministerio de Igualdad y Equidad, siguiendo los lineamientos del Archivo General de la Nación.
La medida busca garantizar la integridad documental, la protección de la memoria institucional y el acceso futuro a la información pública.
Asimismo, el liquidador deberá asumir la administración de los procesos judiciales, reclamaciones y obligaciones pendientes, velando por el cumplimiento de las decisiones judiciales y los compromisos adquiridos por la entidad.
Una reorganización institucional con efectos en toda la estructura administrativa
La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad representa una reorganización significativa dentro de la Administración Pública Nacional, no solo por el cierre de una cartera ministerial creada hace apenas tres años, sino también por la redistribución de funciones que deberán asumir diferentes entidades del Estado.
Mientras avanza el proceso liquidatorio, el Gobierno nacional deberá definir la estructura definitiva mediante la cual continuará la ejecución de las políticas orientadas a la reducción de desigualdades, la atención de poblaciones vulnerables y la protección de grupos sujetos de especial protección constitucional.
El desarrollo de esta transición será seguido de cerca por organismos de control, entidades públicas, organizaciones sociales y los sectores poblacionales que venían siendo atendidos a través de los programas impulsados por el Ministerio de Igualdad y Equidad.
La liquidación contempla medidas para proteger a trabajadores con estabilidad laboral reforzada y personas próximas a pensionarse.
