Diagnóstico crítico de las EPS y hospital en Zipaquirá: un reto para la salud de la villa de la sal

En diálogo con Extrategia Medios, el presidente de la veeduría en salud de la ciudad de Zipaquirá, Hugo García Ríos, presentó un crudo balance de la realidad de las EPS en la ciudad, la mala atención que están recibiendo los pacientes, la falta de profesionales y especialistas en el Hospital Regional, la falta de socialización por parte de las EPS en cuanto al traslado de usuarios del régimen subsidiado y las inconsistencias que se están presentando, con la dispensación de medicamentos.

Este defensor de los derechos de la salud de los zipaquireños, empieza aclarando que las veedurías están respaldadas y reglamentadas por la ley 850 de 2003 y la ley estatuaria 1751 de 2015, deben estar debidamente constituidas y registradas en Cámara de Comercio y su función es ver que todos los entes de salud estén cumpliendo sus funciones. Al prestar un servicio con calidad y oportunidad de manera correcta. García afirma que la veeduría no cuenta con una oficina o un lugar donde atender a los usuarios, ya las administraciones municipales no se han preocupado por disponer un espacio físico para su funcionamiento.

La ciudad hoy cuenta con más de 150000 usuarios distribuidos en nueve EPS, siendo la más grande Famisanar, precisamente la que mayor número de quejas reporta. Al parecer de nada sirvió la intervención del Gobierno Nacional a esta EPS, ya que las cosas continúan igual, con los mismos inconvenientes para asignación de citas, negación de órdenes, de servicios y la falta de contratación. De esas nueve EPS, cinco están actualmente intervenidas: Sura, Nueva EPS, Compensar, Famisanar y Coopsalud.

Es de anotar que el Hospital Regional en este momento no cuenta con todas las especialidades y algunas como ortopedia y oncología, solo atienen a los pacientes una vez al mes.

Esto está ocasionando que se presente un récord de remisiones, trámite por demás engorroso que obliga a que el hospital busque donde se puede ofrecer determinado servicio y ese centro cuente con contrato con la EPS. Se han dado casos donde un paciente puede permanecer 15 días hospitalizado esperando remisión y terminan siendo dados de alta sin ninguna solución. Las EPS tienen la obligación de contratar con lo que hay en el municipio, afirma el presidente de la veeduría y desde luego el hospital, el deber de atender a los pacientes sin importar de donde vengan, sin esperar que se deba formular una queja ante la Supersalud para buscar soluciones.

Según García, las EPS pretenden acabar con la presencialidad, valiéndose de los avances tecnológicos para atender a los usuarios, sin tener en cuenta que muchos campesinos o personas de zonas lejanas, no cuentan con acceso a estos medios tecnológicos. A esto se suma que obtener una autorización es toda una odisea, pero alcanzar la cita es una tortura.

Zipaquirá a pesar de ser la segunda ciudad más grande de Cundinamarca, adolece de sedes administrativas de las EPS que tan solo ofrecen servicios a través de las IPS, ejemplo de ello Compensar que a pesar de tener cerca de 22.000 usuarios solo cuenta con una IPS. Fruto de la gestión de la veeduría, se logró la apertura de una oficina de la EPS SURA, pero con el agravante que solo atienden en horas de la mañana y no aportan mayor solución a los problemas de los usuarios.

En cuanto a la dispensación de medicamentos, el veedor denunció el atropello que se viene presentando, ya que en muchos casos las farmacias de las EPS no entregan estas medicinas de acuerdo a los criterios médicos sino a sus propios intereses, suponiendo un posible caso de tráfico de medicamentos.

También hablo de la función que están cumpliendo los gremios como ACEMI que representan a los usuarios de las EPS, pero que a su vez desconocen el número de usuarios que se hallan en la ciudad. Hugo García invita a estas entidades a que hagan presencia en el territorio, conozcan la realidad y no solamente soliciten informes a distancia.

Otro de los temas álgidos de la salud en la ciudad, tiene que ver con el Hospital Regional. El presidente de la veeduría, en reunión con el Gerente General del Hospital La Samaritana, expuso las graves problemáticas relacionadas con la falta de personal médico y especialista. El dirigente expresó que todo se debe a la falta de presupuesto suficiente, lo que no se entiende, ya que el Hospital Regional es sostenible financieramente, ejemplo de ello lo evidencian resultados obtenidos durante la pandemia, donde en un solo mes se facturaron cerca de 90.000 millones de pesos.

La otra situación que perjudica a los usuarios del hospital y que ahonda la crisis, tiene que ver con las altas tarifas que aplican a las EPS, lo que obstaculiza la prestación del servicio. Esto hace que entidades como Famisanar tengan deudas cercanas a los 30.000 millones de pesos con el Hospital Regional. Para García, no existe voluntad política y otra sería la historia, si este hospital estuviera en manos de una universidad que prestara sus servicios a la región con calidad, humanidad y oportunidad.

Recientemente, el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Angel, anunció la construcción de una nueva torre para oncología, para lo cual ya existen los recursos, al menos para la obra, faltaría garantizar la dotación, que es lo más importante y además prioritario. Actualmente, en el cuarto piso del hospital funciona en calidad de arriendo una unidad externa llamada Oncolife, hecho que jamás ha sido debidamente socializado ni con la veeduría, las instituciones y menos con las EPS.

En cuanto a la tercerización, la nueva administración del hospital ha corregido las fallas que se venían presentando con las cooperativas de vinculación laboral, logrando que en este momento se pague oportunamente el salario a los profesionales de la salud.

Por último, el presidente de la veeduría en salud, expresó su preocupación por una compleja situación que se empieza a presentar en virtud de lo reglamentado por el Decreto 719 que entró en vigencia este mes, relacionado con un número indeterminado de usuarios del régimen subsidiado que han sido desvinculados de varias EPS y trasladados a la Nueva EPS sin que la EPS ni los usuarios lo sepan. Se habla de cerca de 35.000 usuarios en la ciudad. Por si fuera poco, no existen criterios adecuados para la inscripción de la población vulnerable en el ADRES, muchas veces sacándolos del sistema injustamente y provocando que muchas personas mueran sin ningún tipo de atención en salud.

Son muchas las anomalías y quejas que a diario se presentan en Zipaquirá en materia de atención en salud, y lo que usuarios y ciudadanos esperan es la mejoría del sistema, atención eficiente, servicios humanos, oportunos y de calidad, que permitan preservar derechos constitucionales fundamentales como la vida, la salud, la integridad.

Obtener una autorización es toda una odisea, pero alcanzar la cita es una tortura.