Por Redacción
Corte exhorta a partidos políticos a sancionar violencia en línea en sus códigos de ética
La Corte Constitucional de Colombia emitió una decisión en la que exhorta a los partidos y movimientos políticos a adoptar en sus códigos de ética directrices para sancionar los actos de violencia o incitación a la violencia en línea. Esta determinación se tomó luego de estudiar una tutela presentada por un grupo de periodistas que fueron víctimas de ataques en línea de naturaleza misógina y sexualizada en la red social Twitter. Las periodistas cuestionaron la falta de medidas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) para poner fin a la violencia y sancionar a los responsables, así como la actitud de los partidos políticos que se beneficiaron de estas agresiones al alentarlas o tolerarlas.
La Corte confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó el amparo debido a que las demandantes no habían informado previamente al CNE o a los partidos políticos sobre los hechos alegados en la tutela. Sin embargo, la Corte reconoció la existencia de un patrón de violencia en línea contra las periodistas y destacó que las redes sociales se han convertido en un instrumento de violencia contra las mujeres.
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La decisión de la Corte se basó en el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, que señaló la discriminación y violencia de género que enfrentan las mujeres periodistas. La Corte resaltó la obligación del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar esta forma de violencia, y subrayó que los partidos y movimientos políticos tienen la responsabilidad de promover el respeto a la Constitución, la ley y los derechos humanos.
La Corte analizó los ataques en línea dirigidos a desacreditar a las periodistas a través de estereotipos de género y concluyó que estos ataques se basan en patrones de discriminación arraigados en la sociedad. La violencia se manifestó en insultos, expresiones sexistas y amenazas de muerte o agresiones físicas.
En cuanto a la normativa existente, la Corte señaló que en Colombia no hay una ley precisa que satisfaga las recomendaciones internacionales para combatir la violencia de género en línea. Por lo tanto, instó al Congreso de la República a cumplir con estas recomendaciones en relación con la prevención, protección, reparación, prohibición y penalización de la violencia de género digital.
Además, la Corte ordenó a los Ministerios de Justicia y del Derecho, y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que inicien las gestiones para presentar un proyecto de ley que regule la violencia digital, tomando en cuenta las recomendaciones internacionales y la jurisprudencia constitucional.
La decisión también establece que diversas entidades, como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, entre otras, incluyan en sus páginas web información sobre la violencia digital contra las mujeres periodistas y establezcan mecanismos de protección y denuncia.
Por último, la Corte ordenó al Consejo Nacional Electoral implementar un plan de formación sobre perspectiva de género y violencia en línea contra las mujeres para los miembros y afiliados a los partidos y movimientos políticos. Además, se le pidió al Consejo Nacional Electoral que presente un proyecto de ley que regule un mecanismo para canalizar las denuncias sobre violencia en línea y establezca un procedimiento específico para su trámite.
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En cuanto a la aclaración de voto presentada por la magistrada Ángel Cabo, manifestó dos preocupaciones. En primer lugar, señaló que la reproducción extensa de los insultos y expresiones violentas dirigidas a las periodistas en la sentencia no solo era innecesaria, sino que también podía afectar aún más sus derechos. Sugirió que la Corte debería tener en cuenta la perspectiva y el consentimiento de las accionantes antes de incluir dichas expresiones violentas en un fallo de amplia difusión.
En segundo lugar, la magistrada expresó preocupación por el tipo de órdenes emitidas. Consideró que la presentación de informes periódicos al juez de primera instancia no sería una medida eficaz para abordar el problema estructural de la violencia en línea. Instó a la Corte a considerar un espectro más amplio de soluciones, teniendo en cuenta la perspectiva y experiencia de los involucrados, para abordar de manera efectiva los problemas estructurales que se busca corregir.
En resumen, la decisión de la Corte Constitucional de Colombia exhorta a los partidos y movimientos políticos a adoptar directrices en sus códigos de ética para sancionar la violencia en línea y promover una ruta de acceso para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. También insta al Congreso a cumplir con las recomendaciones internacionales en materia de violencia de género digital y ordena a varias entidades gubernamentales tomar medidas para informar, proteger y prevenir la violencia en línea contra las mujeres, especialmente las periodistas.
La decisión obliga a partidos políticos a adoptar códigos de ética contra la violencia en línea y exige ley para regular violencia digital.
Foto portada: Imagen de referencia tomada de la Corte Constitucional.
