La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) contra la Corporación de Abastos de Bogotá S. A. (Corabastos), volvió a poner en evidencia el funcionamiento del principal centro de distribución de alimentos de Colombia. La entidad sancionó a Corabastos y a dos personas relacionadas con su operación, luego de concluir que incurrieron en prácticas orientadas a restringir la libre competencia dentro del mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios.
La medida, sustentada en la Ley 155 de 1959, se produjo tras una investigación administrativa que examinó modificaciones introducidas en 2022 al Reglamento Interno de Funcionamiento de la central mayorista. Según la SIC, esos cambios buscaban impedir el ingreso de comerciantes con determinadas características previamente definidas, lo que habría limitado el acceso de nuevos actores económicos a una infraestructura considerada estratégica para el abastecimiento nacional.
La actuación de la autoridad de competencia generó un fuerte impacto dentro del sector agroalimentario debido a la importancia que tiene Corabastos en la formación de precios y en la distribución de alimentos hacia distintas regiones del país.
La SIC detectó barreras que habrían limitado el ingreso de nuevos comerciantes
Durante el proceso investigativo, la Superintendencia concluyó que las medidas implementadas por la Corporación configuraron barreras artificiales capaces de restringir la participación de nuevos agentes económicos dentro de la central de abastos.
De acuerdo con el análisis de la entidad, esas limitaciones redujeron las condiciones de competencia y afectaron la posibilidad de que consumidores, tenderos, plazas de mercado y minoristas accedieran a mejores precios, mayor diversidad de productos y alternativas más amplias de abastecimiento.
La SIC sostuvo que este tipo de restricciones no solo impactan a quienes buscan ingresar como comerciantes, sino también a proveedores actuales y potenciales que dependen de una red amplia de compradores para comercializar sus productos.
El organismo de vigilancia advirtió que cualquier alteración en las condiciones de acceso dentro de Corabastos puede repercutir directamente sobre el comportamiento del mercado alimentario colombiano, debido al peso que tiene esta central mayorista dentro de la cadena nacional de suministro.
Corabastos mueve más del 30 % de los alimentos del país
La Superintendencia recordó que Corabastos es el mercado mayorista más grande de Colombia y uno de los centros neurálgicos del abastecimiento alimentario nacional.
Según cifras del DANE citadas en la decisión, por sus instalaciones circula más del 30 % de los productos agroalimentarios que abastecen al país, razón por la cual cualquier práctica que altere las dinámicas de competencia dentro de la central puede tener efectos sobre la seguridad alimentaria, los precios al consumidor y la distribución regional de alimentos.
El impacto de las operaciones de Corabastos se extiende a tiendas de barrio, plazas de mercado, supermercados, grandes superficies, distribuidores y cadenas logísticas que diariamente dependen de la dinámica comercial de este complejo ubicado en Bogotá.
La SIC resaltó que la infraestructura de la central es considerada única dentro del mercado nacional, debido a su capacidad operativa y a su influencia sobre los precios de referencia de numerosos productos agrícolas y agroindustriales.
Multas superan los $331 millones y obligan a desmontar normas internas
A través de la Resolución No. 32553 del 30 de abril, la Superintendencia impuso multas por $260.063.219 contra la sociedad y sanciones adicionales por $71.288.570, de manera conjunta, contra las personas naturales vinculadas a los hechos investigados.
Además de las sanciones económicas, la entidad ordenó desmontar de inmediato los elementos considerados anticompetitivos dentro de la reglamentación interna de Corabastos.
La decisión obliga a la Corporación a modificar sus normas de funcionamiento para evitar que se repitan este tipo de conductas y garantizar condiciones de acceso equitativas para los comerciantes que operan dentro de la central de abastos.
La autoridad enfatizó que las reglas internas de una infraestructura con semejante influencia sobre el abastecimiento nacional deben respetar plenamente los principios de libre competencia económica.
La decisión aún no está ejecutoriada
La SIC aclaró que la decisión todavía no se encuentra ejecutoriada, debido a que el proceso de notificación frente a algunos de los sancionados continúa en desarrollo.
Asimismo, precisó que contra la resolución procede recurso de reposición ante el despacho de la superintendente de Industria y Comercio.
Mientras avanzan las etapas procesales, el caso ya genera repercusiones dentro del sector agroalimentario y abre nuevamente el debate sobre el control de prácticas restrictivas en mercados considerados estratégicos para la economía colombiana.
Vigilancia sobre el abastecimiento y la libre competencia
Con esta actuación, la Superintendencia reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre posibles prácticas que afecten la libre competencia en sectores sensibles para el abastecimiento de alimentos y el comportamiento de los precios al consumidor.
La decisión también envía un mensaje al mercado sobre la responsabilidad que tienen los grandes operadores logísticos y comerciales de garantizar condiciones abiertas y transparentes para todos los actores económicos.
En medio de las presiones inflacionarias, las discusiones sobre seguridad alimentaria y el costo de vida en Colombia, las decisiones que impactan a Corabastos adquieren una dimensión nacional, debido a la influencia que tiene esta central sobre millones de consumidores y comerciantes en distintas regiones del país.
La investigación señala restricciones que habrían limitado el ingreso de nuevos comerciantes al principal mercado mayorista del país.
