La Procuraduría General de la Nación (PGN) abrió proceso disciplinario contra el concejal de Funza Guillermo Andrés Castro Rozo, luego de formular pliego de cargos por una presunta intervención para impedir que una agente de tránsito impusiera un comparendo por estacionamiento indebido a un vehículo de su propiedad que era conducido por un familiar.
De acuerdo con la investigación preliminar del Ministerio Público, los hechos habrían ocurrido en 2025 durante un procedimiento de control vial en el municipio de Funza, Cundinamarca, cuando la funcionaria adelantaba el trámite correspondiente por una infracción relacionada con estacionamiento en un lugar no autorizado.
La presunta intervención del concejal durante el procedimiento
Según lo expuesto por la Procuraduría, el concejal habría llegado al sitio donde se desarrollaba el procedimiento, se identificó como integrante del concejo municipal y decidió realizar una transmisión en vivo a través de una red social.
Durante esa transmisión, el cabildante manifestó que el procedimiento adelantado por la agente de tránsito obedecía a una presunta persecución política en su contra, afirmación que quedó registrada públicamente en la emisión difundida en internet.
El ente de control analiza si esta actuación pudo constituir una intervención indebida en un procedimiento administrativo, teniendo en cuenta que el vehículo involucrado en la infracción estaba vinculado directamente con su entorno familiar.
La Procuraduría advierte posible uso indebido de la investidura
Para la Procuraduría, la conducta del concejal no estaría relacionada con el ejercicio de sus funciones públicas ni con labores propias del control político, atribución que corresponde a los concejales dentro de los gobiernos locales.
Por el contrario, el organismo disciplinario considera que la intervención habría tenido un interés particular, lo que podría configurar un uso indebido de la investidura para influir en una actuación administrativa adelantada por una servidora pública en cumplimiento de sus funciones.
El Ministerio Público también evalúa si la conducta del cabildante pudo generar presiones indebidas sobre la agente de tránsito, lo que, de comprobarse, afectaría su autonomía para adelantar el procedimiento sancionatorio conforme a la normativa de tránsito.
Falta disciplinaria gravísima a título de dolo
Con base en el análisis preliminar de los hechos, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Facatativá decidió formular pliego de cargos contra Castro Rozo al considerar que la conducta investigada podría constituir una falta disciplinaria gravísima cometida a título de dolo.
Según el organismo de control, el concejal habría comprometido los principios de moralidad administrativa e imparcialidad, al utilizar su condición de servidor público para intervenir en un trámite particular relacionado con su entorno familiar.
En el ámbito disciplinario, este tipo de conductas se analizan bajo el principio de que los funcionarios públicos deben abstenerse de utilizar su cargo para obtener beneficios personales o influir en decisiones administrativas que los involucren directa o indirectamente.
Con la formulación del pliego de cargos se abre formalmente la etapa procesal en la que el concejal podrá presentar descargos, aportar pruebas y ejercer su derecho de defensa dentro del procedimiento disciplinario.
La Procuraduría evaluará los elementos probatorios y determinará, en las siguientes fases del proceso, si existe responsabilidad disciplinaria frente a los hechos investigados.
El concejal transmitió en vivo el momento del operativo y denunció una supuesta persecución política.
