La Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, a cargo de Andrés Idárraga Franco, ratificó ante la opinión pública que mantiene y respalda, con documentos y análisis jurídicos, sus conclusiones preliminares frente al Proyecto Accenorte, pese a las puntualidades hechas recientemente por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Secretaría de Transparencia formalizó alertas el 30 de julio
De acuerdo con la entidad, las alertas fueron presentadas directamente al presidente de la ANI y a su equipo jurídico el pasado 26 de mayo. Posteriormente, el 30 de julio, estas advertencias fueron formalizadas mediante comunicación oficial, sustentando hallazgos preliminares y solicitando información adicional. Sin embargo, la ANI respondió apenas 24 horas antes de la rueda de prensa anunciada por la Secretaría.
Principales precisiones de la Secretaría de Transparencia
- Cesión de predios y recursos públicos
La Secretaría no calificó la entrega de inmuebles como ilegal en sí misma, pero cuestionó que, en el caso de Chía, se trató de bienes de uso público con destinación exclusiva a vías locales, que fueron entregados gratuitamente para una obra de carácter regional y nacional. Estos predios nunca fueron valorados a precios de mercado ni incluidos en la estructuración financiera del proyecto, lo que podría viciar su legalidad.
- Deficiencias en planeación y estudios técnicos
El Convenio 019 de 2017 evidenció que los diseños definitivos se realizaron en fase de preconstrucción por el concesionario. En la etapa de factibilidad, no existía una estructuración financiera real ni estudios completos. Incluso, la APP-IP fue aprobada apenas siete días después de que la Gobernación de Cundinamarca anunciara la obra, sin contar con presupuesto ni diseños definitivos.
- Variante Chía y contradicciones en la ANI
Mientras la ANI sostiene que la Variante Chía se definió en mayo de 2019 mediante un otrosí, la cronología muestra lo contrario: el convenio para ceder predios se firmó en 2017, la interventoría avaló la alternativa en 2018 y las obras iniciaron en marzo de 2019, antes del otrosí. Esto configuraría una posible violación al principio de planeación en contratación pública.
- Alcance de obras y uso de recursos
Según la ANI, la entrega gratuita de predios permitió ampliar la obra con doble calzada y puentes adicionales. No obstante, la Secretaría sostiene que lo que realmente ocurrió fue una redistribución de recursos para cubrir mayores cantidades de obra no previstas, sin validación técnica de la interventoría sobre los diseños de detalle.
- Peaje de Los Andes y usufructo de bienes públicos
La ANI reportó al Congreso que el peaje había recaudado más de $887 mil millones. La Secretaría exige claridad sobre el destino de estos recursos, pues es necesario saber si los rendimientos benefician al concesionario o a la comunidad. Además, cuestiona por qué se extendió el plazo de la concesión y se demandó al municipio de Chía por $12 mil millones, cuando la gestión predial debía estar a cargo del concesionario.
Documento técnico y llamado a las autoridades
Como parte de este pronunciamiento, la Secretaría de Transparencia presentó un documento técnico que reúne la cronología de los hechos, los fundamentos jurídicos y los hallazgos detectados. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los órganos de control un insumo claro y comprensible para valorar la legalidad del proyecto.
La entidad reiteró que su deber es proteger los bienes públicos y garantizar los derechos ciudadanos, advirtiendo que la entrega gratuita de predios en Chía para Accenorte plantea serias dudas jurídicas y técnicas.
Finalmente, la Secretaría insistió en que estos análisis buscan que las autoridades competentes adopten con anticipación decisiones judiciales, administrativas o políticas sobre la legalidad del contrato de concesión y la cesión de bienes públicos en este caso.
Se cuestiona la entrega de predios de uso público en Chía, sin valoración a precios de mercado,
para un proyecto nacional.
