“+57”, el contrasentido moral del Estado
En un absurdo contrasentido, el presidente Gustavo Petro designa como gestor de paz al exparamilitar Hernán Giraldo, alias «El Taladro», conocido por sus abusos sexuales hacia niñas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Giraldo fue expulsado de la Ley de Justicia y Paz por la Corte Suprema de Justicia debido a su incumplimiento de los acuerdos de no repetición, ya que se le involucró en actos de violencia sexual tras su desmovilización. Por ello, fue excluido de los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, que buscaba brindar una amnistía y reinserción a actores del Conflicto Armado en Colombia.
A pesar de esta exclusión, se comprobó que, según la Corte Suprema, Giraldo continuó gestionando y participando en encuentros sexuales con menores durante su encarcelamiento. Estas jóvenes ya habían sido sus víctimas cuando este ejercía como comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) antes de su extradición a Estados Unidos.
Sin embargo, a pesar de su reincidencia en este delito, el gobierno de Petro lo designó como gestor de paz, una decisión que plantea serias dudas sobre la coherencia en la aplicación de las leyes y las sanciones para quienes han cometido y siguen cometiendo crímenes en el país.
Si bien podría interpretarse que la iniciativa de Petro apunta a una reconciliación y a un intento de lograr acuerdos que profundicen la comprensión del Conflicto Armado, y que un gestor de paz, sin importar su pasado delictivo, podría aportar en la construcción de la paz en el país, esta designación ha generado un fuerte rechazo en varios sectores políticos, cuestionando las decisiones gubernamentales sobre la elección de gestores de paz, especialmente tras la reincidencia de Giraldo en sus crímenes.
Lo contradictorio de esta situación es que, como han señalado varias figuras políticas, esta designación se da luego de que Gustavo Petro criticara fuertemente la canción de reguetón de la artista urbana Karol G “+57”, acusándola de hacer apología a la violencia sexual. En palabras de Daniel Samper, el presidente se «rasgó las vestiduras» por el contenido de la canción, mientras que su propia decisión parece promover un mensaje de indiferencia hacia las víctimas de abuso.
Este contrasentido moral, además de incoherente y ofensivo, es una cachetada de cinismo para las víctimas del Conflicto Armado, quienes soportaron los horrores de la guerra y ahora deben soportar las incoherencias de quienes prometieron protegerlas. Si el lector me lo permite, quisiera señalar que, si condenamos acciones que van en contra de la dignidad humana, como la mencionada canción, también debemos condenar y revisar las decisiones políticas y sociales que impactan directamente a las víctimas del conflicto, como es el caso de la designación de Hernán Giraldo como gestor de paz.
A modo de conclusión, quisiera señalar que la designación de Hernán Giraldo como gestor de paz por parte del gobierno de Gustavo Petro revela una contradicción profunda entre su discurso y sus acciones. Mientras que en otras ocasiones se ha criticado abiertamente cualquier forma de apología a la violencia sexual, esta decisión parece pasar por alto la responsabilidad hacia las víctimas y la coherencia moral que exige la construcción de paz en Colombia. Más allá de cualquier intención de reconciliación, la inclusión de figuras con un historial de reincidencia en delitos tan graves genera una dolorosa herida para quienes han sufrido a causa del conflicto y deja al descubierto las inconsistencias en el compromiso estatal hacia una paz verdadera y total en coherencia con los derechos humanos.
En palabras de Daniel Samper, el presidente se «rasgó las vestiduras» por el contenido de la canción, mientras que su propia decisión parece promover un mensaje de indiferencia hacia las víctimas de abuso.
