Tribunal de Cundinamarca ordena iniciativa legislativa para superar el hacinamiento carcelario
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró comprobados los perjuicios a los derechos colectivos, al medioambiente sano y el acceso eficiente a los servicios públicos, vulnerados como consecuencia del hacinamiento carcelario no superado en todas las cárceles de Colombia.
Ordenó que conforme a los estudios técnicos del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC), realizados con ocasión de las reclamaciones formuladas por un demandante, el presidente Gustavo Petro Urrego y el Congreso de la República den respuesta, instándolos a ejercer iniciativa legislativa que tenga como propósito superar el estado de hacinamiento carcelario, con base en criterios de igualdad y sustentados en la resocialización de las personas privadas de la libertad y en el principio de libertad de configuración legislativa.
Según el Infobae, la información presentada por el Ministerio de Justicia indica que el problema de hacinamiento que tiene actualmente el sistema carcelario en el país es del 21 %. No obstante, si se tuvieran en cuenta los cerca de 23.000 detenidos en estaciones de policía y en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en el territorio nacional, esto aumentaría el porcentaje a un 50 %.
Hasta ahora, las soluciones que se han ordenado son normativas, pero carecen de apoyos económicos importantes que permitan convertirlas en una salida real e inmediata.
Por esta razón, la Corte Constitucional adoptó la decisión de extender la declaración del estado de cosas inconstitucional con relación al sistema penitenciario y carcelario a las estaciones y URI en condición de hacinamiento. Además, ordenó que se llevara a cabo un plan de acción para encontrar una solución.
Este plan está compuesto por dos etapas. La primera de ellas es una fase transitoria y la segunda, en una fase definitiva. En la primera parte, las alcaldías tienen bajo su jurisdicción las estaciones hacinadas y las URI, de las cuales, en un año, deben emplear acciones de adecuación o construcción para mejorar las condiciones de permanencia de los detenidos que no han sido trasladados a cárceles, de manera temporal. Este plazo vencerá a finales del mes de marzo de 2023.
Por otro lado, sobre las medidas definitivas, señaló que en un plazo de 6 años las entidades departamentales y territoriales, las capitales y el Distrito Capital, deberán construir cárceles que les permitan garantizar condiciones dignas a los detenidos.
El Tribunal declaró comprobados los perjuicios a los derechos colectivos, al medioambiente sano y el acceso eficiente a los servicios públicos.
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