El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC) negó las demandas presentadas contra el acuerdo mediante el cual el Concejo Municipal de La Mesa (Cundinamarca), autorizó la creación del sistema de estacionamiento regulado en vías públicas y el cobro de la tasa por el uso de las denominadas “Zonas Azules”, una decisión que genera repercusiones en distintos municipios del país donde avanzan esquemas similares para controlar el parqueo en espacio público.
La determinación judicial ratificó la legalidad del acuerdo aprobado por el Cabildo Municipal y respaldó las competencias que tienen las administraciones locales para regular el tránsito, organizar el uso del espacio público vial y adoptar medidas orientadas a enfrentar problemas de congestión y movilidad urbana.
El fallo se conoce en medio de un creciente debate nacional sobre los sistemas de estacionamiento regulado, los cobros por ocupación temporal de vías públicas y el alcance de las facultades tributarias y administrativas de alcaldías y concejos municipales.
Demandantes alegaban presuntas irregularidades en el acuerdo
Las demandas sostenían que el acuerdo expedido por el Concejo de La Mesa presuntamente modificaba de manera indirecta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT), carecía de estudios de impacto fiscal y habría sido aprobado sin competencia legal suficiente.
Los accionantes también cuestionaban aspectos relacionados con la contratación, la operación del sistema y la implementación posterior de las Zonas Azules, argumentando posibles afectaciones jurídicas y administrativas derivadas del modelo adoptado por el municipio.
Sin embargo, tras analizar el contenido del acuerdo y los argumentos expuestos durante el proceso, la Sala concluyó que la norma demandada no introdujo modificaciones estructurales al POT ni alteró usos del suelo o instrumentos de planificación urbana.
De acuerdo con el análisis del Tribunal, el acuerdo se limitó a establecer mecanismos de regulación y administración del espacio público vial para organizar el estacionamiento en sectores estratégicos del municipio y contribuir al ordenamiento de la movilidad.
Tribunal respaldó facultades de los municipios para regular el espacio público vial
Uno de los puntos más relevantes del fallo está relacionado con las competencias constitucionales y legales de los municipios en materia de tránsito y aprovechamiento económico del espacio público.
El TAC precisó que las administraciones municipales sí cuentan con facultades para implementar zonas de estacionamiento regulado y establecer tasas asociadas al uso temporal del espacio público vial, siempre que dichas medidas estén soportadas técnicamente y se ajusten a los parámetros legales vigentes.
En ese sentido, la corporación judicial señaló que el acuerdo aprobado en La Mesa estuvo precedido por estudios técnicos y de planeación relacionados con movilidad, tránsito, sostenibilidad financiera y organización del parque automotor en sectores urbanos con alta demanda de estacionamiento.
La decisión también reconoce la autonomía territorial de los municipios para adoptar medidas administrativas encaminadas a enfrentar fenómenos como la ocupación indebida de vías, la congestión vehicular y las dificultades de movilidad en zonas comerciales y turísticas.
El Tribunal hizo precisión sobre contratos, tarifas y operadores
Otro de los aspectos abordados por el fallo tiene relación con las controversias derivadas de la ejecución posterior del sistema de Zonas Azules.
El Tribunal aclaró que las discusiones relacionadas con contratos específicos, operadores, tarifas, recaudo o funcionamiento operativo del sistema no pueden resolverse mediante una acción de nulidad contra el acuerdo general expedido por el Concejo Municipal.
Según explicó la corporación judicial, ese tipo de controversias deben tramitarse a través de otros mecanismos judiciales y administrativos, dependiendo de la naturaleza de cada reclamación.
La precisión adquiere relevancia debido a que en varios municipios del país los sistemas de estacionamiento regulado han generado controversias ciudadanas relacionadas con costos, controles, contratación y funcionamiento de los operadores encargados de administrar las denominadas Zonas Azules.
Decisión genera impacto en municipios con proyectos similares
El pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca comienza a ser observado con atención por distintas administraciones municipales donde se estudian o ya funcionan sistemas de Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER) en espacio público.
La decisión podría convertirse en un referente jurídico para futuros procesos relacionados con cobros por parqueo en vía pública, regulación del tránsito urbano y aprovechamiento económico del espacio público vial en Colombia.
Municipios con alta actividad comercial, turística y de servicios enfrentan actualmente problemas derivados de la ocupación permanente de vías, falta de control sobre el estacionamiento y congestión en corredores urbanos estratégicos, situación que ha impulsado la implementación de esquemas de regulación similares.
El caso de La Mesa se suma así a las discusiones nacionales sobre movilidad urbana, autonomía territorial y mecanismos de administración del espacio público, en un contexto donde cada vez más alcaldías buscan alternativas para ordenar el tránsito y mejorar la circulación vehicular en zonas de alta demanda.
La decisión comienza a ser observada por alcaldías del país donde avanzan proyectos similares de parqueo regulado.
