El acceso al agua potable y al saneamiento básico en los resguardos indígenas de Colombia atraviesa una situación crítica que vuelve a quedar expuesta en un reciente estudio sectorial de la Contraloría Delegada para Población Focalizada. El informe advierte que menos del 20% de los hogares indígenas cuenta con servicio de acueducto y que el acceso a alcantarillado es prácticamente inexistente, una realidad que compromete la salud pública, la dignidad humana y el ejercicio efectivo de derechos fundamentales.
Más allá de la cifra, el diagnóstico revela problemas estructurales persistentes en la forma como se planifican, financian, ejecutan y supervisan los proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico (APSB) dirigidos a estas comunidades, muchas de ellas ubicadas en territorios de difícil acceso y con históricas brechas de atención estatal.
Millonarios proyectos suspendidos y riesgo de obras inconclusas
El análisis de la Contraloría examinó el comportamiento de los programas de APSB entre 2018 y el 30 de junio de 2025. En ese periodo se identificaron proyectos suspendidos por cerca de $62.350 millones, equivalentes al 19 % del total evaluado, una situación que expone riesgos de sobrecostos, deterioro de la infraestructura y pérdida de recursos públicos.
Estas suspensiones no solo retrasan soluciones urgentes para las comunidades, sino que también abren la puerta a que iniciativas concebidas para mejorar la calidad de vida terminen convertidas en obras sin funcionalidad o abandonadas, sin impacto real en los territorios donde más se necesitan.
Retrasos, ciclos cerrados y falta de resultados verificables
El estudio evaluó en total 50 proyectos de Agua Potable y Saneamiento Básico, con una inversión acumulada de $326.353 millones. Los hallazgos muestran un panorama fragmentado: apenas el 52% de los proyectos se ejecuta dentro de los tiempos contractuales, mientras que el 14% presenta retrasos significativos.
A esto se suma un dato que genera especial preocupación: el 34% de los proyectos figura como de “ciclo cerrado”, sin información suficiente que permita establecer si cumplieron los objetivos para los cuales fueron formulados. Para la Contraloría, este vacío refleja deficiencias en la planeación técnica, debilidades en la gestión administrativa y una limitada capacidad para medir resultados e impactos reales en las comunidades beneficiarias.
Dependencia del Presupuesto General y debilidad en la financiación
Otro de los hallazgos relevantes señala que en 32 de los 50 proyectos analizados la principal fuente de financiación es el Presupuesto General de la Nación. Esta alta concentración de recursos en una sola fuente expone a los programas a riesgos de sostenibilidad y limita la capacidad de expansión de las inversiones.
El organismo de control subraya la necesidad de avanzar hacia esquemas de cofinanciación progresiva que articulen recursos nacionales, territoriales y fuentes alternativas como regalías, cooperación internacional o fondos especiales destinados a población étnica. La diversificación financiera advierte el informe, es un factor determinante para reducir riesgos y garantizar continuidad en proyectos de largo plazo.
Desigualdad territorial en la distribución de las inversiones
El informe también pone en evidencia desequilibrios en la distribución geográfica de los recursos. Aunque las inversiones se concentran en 13 departamentos con alta presencia indígena, persisten brechas marcadas tanto en cobertura como en eficiencia del gasto público.
Llama la atención que departamentos con una participación relevante de población indígena en el total nacional, como Córdoba (10,6%), Cesar (2,7%), Vichada (3,5%), Atlántico (2%) y Antioquia (1,6%), no hayan sido beneficiados con proyectos de APSB, lo que refuerza las disparidades regionales y limita el alcance de las políticas públicas.
Planes de desarrollo: cumplimiento formal y avances insuficientes
En el análisis de los compromisos institucionales, la Contraloría advierte que el Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022 reportó un cumplimiento formal del 100% en las acciones dirigidas a pueblos indígenas. Sin embargo, el informe señala que no se definieron indicadores de impacto que permitan verificar si esas intervenciones contribuyeron efectivamente a cerrar las brechas en acceso a agua potable y saneamiento básico.
Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 presenta avances limitados. El programa de APSB para pueblos indígenas registra apenas un 7% de ejecución frente a una meta del 50%, mientras que el piloto de hábitat integral en la Amazonía alcanza solo un 5%, cifras que reflejan rezagos frente a las necesidades reales del territorio.
Una deuda estructural que sigue abierta
El estudio concluye que, sin ajustes profundos en la planeación, la financiación y los mecanismos de control y seguimiento, las brechas en acceso a servicios básicos para los pueblos indígenas seguirán ampliándose.
Las consecuencias trascienden lo técnico y lo presupuestal: afectan de manera directa la salud, la dignidad y la calidad de vida de miles de familias que aún esperan soluciones efectivas y sostenibles.
La advertencia de la Contraloría vuelve a poner sobre la mesa una deuda estructural del Estado colombiano con sus pueblos indígenas, en un contexto donde el acceso al agua potable continúa siendo una promesa incumplida para amplios sectores del país.
Departamentos con alta población indígena quedaron por fuera de las inversiones en agua potable y saneamiento.
