La Procuraduría General de la Nación lanzó un llamado urgente al Ministerio de Salud y Protección Social para que cumpla sin dilaciones las órdenes de la Corte Constitucional frente al reajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor anual que el Estado entrega a las EPS por cada uno de sus afiliados.
El Ministerio Público advirtió que se trata de un tema de vida o muerte: la sostenibilidad del sistema y la garantía del derecho fundamental a la salud de millones de colombianos están en riesgo si el Gobierno no acata lo dispuesto por el alto tribunal.
El fallo de la Corte que lo cambió todo
El llamado de la Procuraduría se respalda en la Sentencia T-760, en la que la Corte Constitucional fue categórica: la UPC para el año 2024 es insuficiente porque no cubre de manera integral los servicios de salud.
Además, la Corte ordenó corregir el rezago que se arrastra desde 2021, lo que implica un ajuste estructural para que el financiamiento cubra plenamente las prestaciones incluidas en el Plan Obligatorio de Salud.
Estas órdenes, recalcó el Ministerio Público, no son objeto de debate, pues ya tienen el carácter de cosa juzgada constitucional, lo que obliga al Ministerio de Salud a su cumplimiento inmediato.
Mesas de trabajo bajo la lupa
En el marco de las mesas de trabajo convocadas para definir el reajuste, la Procuraduría realizó un estricto seguimiento al cumplimiento de los lineamientos de la Corte, insistiendo en que las decisiones deben surgir del consenso técnico y participativo, pero sin desconocer la rectoría del Ministerio de Salud.
La Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social fue enfática: el incumplimiento de los tiempos y parámetros fijados no solo amenaza la estabilidad del sistema de salud, sino también la vida y el bienestar de los colombianos.
Lo que está en juego
- Millones de afiliados dependen del reajuste de la UPC para recibir atención médica integral.
- La Corte Constitucional ya sentenció la insuficiencia del modelo actual.
- La Procuraduría exige cumplimiento inmediato y advierte consecuencias graves si se ignoran las órdenes.
El pronunciamiento de la Procuraduría refuerza la autoridad de la Corte Constitucional y evidencia una crisis estructural en el modelo de financiación del sistema de salud. El carácter de cosa juzgada constitucional impide controversias: el Gobierno debe actuar con inmediatez. La advertencia refleja tensiones entre la sostenibilidad financiera del sistema y el deber de garantizar el acceso efectivo a la salud, colocando el cumplimiento del fallo como un asunto de vida o muerte.
El cumplimiento de la sentencia T-760 es obligatorio
y tiene carácter de cosa juzgada.
