La Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por el magistrado José Fernando Reyes Cuartas (quien la preside) y los magistrados Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade (quien salvó su voto), analizó, en el marco de las órdenes 21 y 22, la mesa de trabajo creada por el Ministerio de Salud mediante la Resolución 370 de 2025, expedida en cumplimiento de lo dispuesto en el Auto 007 de 2025, con el objetivo de revisar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondiente al año 2024 y garantizar su suficiencia.
Entre otras consideraciones, la Sala afirmó que:
La mesa de trabajo fue concebida como un mecanismo participativo orientado a revisar y asegurar la suficiencia de la UPC del año 2024, componente esencial del sistema de salud, especialmente en decisiones que afectan a todos los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, como es el caso de la financiación del Plan de Beneficios en Salud (PBS).
No obstante, la Corte identificó varios aspectos preocupantes:
- Un riesgo de no garantizar la suficiencia de la UPC, al advertir que el desarrollo de la mesa de trabajo ignoraba la revisión de su insuficiencia histórica, los rezagos acumulados de años anteriores y los parámetros establecidos en el resolutivo 3.1 del Auto 007 de 2025.
- Evidencia empírica de afectaciones a la participación de los actores del sistema de salud, debido a deficiencias en la convocatoria y en el desarrollo de las sesiones de trabajo, lo que podría comprometer el principio de participación efectiva en salud.
Ante este panorama, la Sala concluyó que la Resolución 370 de 2025 no cumple con los lineamientos fijados en el Auto 007 de 2025, lo que pone en riesgo tanto la sostenibilidad financiera del sistema de salud como el principio de participación. En consecuencia, consideró necesario adoptar una medida cautelar, consistente en la suspensión temporal del desarrollo de la mesa, hasta tanto se ajuste plenamente a los parámetros establecidos en dicha providencia.
Lea también
La adopción de esta medida busca evitar decisiones regresivas y garantizar que la política pública en salud se construya sobre principios técnicos, financieros y democráticos sólidos.
Finalmente, la Sala advirtió que, si al momento de notificarse esta decisión las sesiones de la mesa técnica ya hubiesen culminado, el Ministerio de Salud y Protección Social deberá reiniciarlas conforme a los parámetros aquí señalados.
El magistrado Vladimir Fernández Andrade salvó su voto frente a esta decisión.
El desarrollo técnico y democrático de la política pública en salud no puede dejarse a medias.
Foto portada: Imagen de referencia, tomada de la página de la Corte Constitucional.
