By Redacción
La Procuraduría General de la Nación (PGN) ha reiterado su llamado al Gobierno Nacional, enfatizando la necesidad de empoderar a las mujeres rurales frente a los desafíos actuales relacionados con la política pública, como la transición energética, la ordenación territorial y actividades económicas como la minería. Esta medida busca garantizar la participación activa de las mujeres en la toma de decisiones, así como en la lucha contra el cambio climático y la conservación ambiental.
El Ministerio Público ha expresado su preocupación por la persistencia de brechas y situaciones de vulneración y abusos en la minería ilegal, que han llevado al aumento de casos de violencia, maltrato laboral, explotación sexual y la instrumentalización de niños, niñas y adolescentes en estas actividades.
Además, el órgano de control ha subrayado la importancia de promover mecanismos de financiación y líneas de crédito que fomenten la participación de las mujeres rurales en proyectos productivos. Se destaca que el concepto de ruralidad no se limita únicamente a la producción agropecuaria, sino que abarca toda la cadena de valor y la transformación de insumos agropecuarios, así como actividades asociadas.
La Procuraduría, a través de la Delegada para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, ha enfatizado la necesidad de reconocer a las mujeres rurales en la justicia energética, no solo como usuarias, sino también como productoras y parte fundamental de la cadena productiva de las energías alternativas, energías limpias y minerales estratégicos para la transición energética que se plantea como política pública.
Para el órgano de control, el reto de empoderar a las mujeres rurales es más relevante que nunca, especialmente en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que coloca la igualdad de género como un elemento central del desarrollo. Esto resalta la necesidad de que los acuerdos en las áreas deforestadas tengan criterios de diferenciación que fortalezcan las capacidades de liderazgo en la defensa y protección del medio ambiente, promoviendo así la producción sostenible y la igualdad de género en las zonas rurales.
Persisten preocupantes abusos y vulneraciones en la minería ilegal, afectando a mujeres y menores.
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