PGN exige garantías alimentarias para la población carcelaria
La Procuraduría General de la Nación (PGN) instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) a tomar medidas inmediatas frente a las constantes fallas en la prestación del servicio de alimentación para personas privadas de la libertad, con el fin de evitar la vulneración de sus derechos fundamentales.
De acuerdo con el Ministerio Público, los compromisos adquiridos durante las mesas de seguimiento lideradas por esta entidad no han mostrado avances significativos. Por el contrario, en varios centros carcelarios las condiciones de salubridad y calidad continúan siendo críticas y, en muchos casos, indignantes, lo que evidencia la gravedad de la problemática.
Ante esta situación, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública exhortó a la USPEC, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a las interventorías y a los operadores del servicio a trabajar de manera articulada en el diseño y ejecución de planes de mejora. El objetivo es garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad en la prestación del servicio de alimentación.
Además, el órgano de control anunció que realizará un seguimiento exhaustivo al proceso de selección del nuevo operador del servicio, cuya licitación tiene un valor de 623 mil millones de pesos. La Procuraduría recordó que el contrato actual finaliza el próximo 31 de marzo, por lo que la vigilancia sobre este proceso será rigurosa para asegurar la transparencia y la eficacia en la contratación.
Por otro lado, la Procuraduría alertó al Ministerio de Justicia y del Derecho sobre la importancia de fortalecer la coordinación con las entidades territoriales para garantizar el cumplimiento de la Ley 2346 de 2024. Esta norma establece que, a partir del 1 de julio de 2025, será responsabilidad de las entidades territoriales asegurar la alimentación de las personas privadas de la libertad en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), bajo los estándares nutricionales y de seguridad alimentaria correspondientes.
Con esta serie de llamados, el ente de control busca asegurar condiciones dignas y adecuadas para una población que, pese a su privación de la libertad, conserva el derecho fundamental a una alimentación en condiciones de calidad y salubridad.
La Ley 2346 de 2024 impone nuevas responsabilidades a entidades territoriales a partir de julio de 2025.
