Mientras miles de perros y gatos permanecen en las calles, aumentan las denuncias por maltrato y numerosos municipios continúan sin centros de atención ni programas permanentes de esterilización, las autoridades territoriales tendrán que demostrar qué están haciendo para proteger a los animales.
La Procuraduría General de la Nación expidió la Directiva 012 de 2026, mediante la cual ordena a alcaldes, gobernadores, ministerios y corporaciones públicas adoptar medidas inmediatas frente al abandono, la violencia y las fallas institucionales que persisten en diferentes regiones del país.
El documento, firmado por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, reúne 22 disposiciones que buscan convertir las normas de protección animal en actuaciones verificables, con recursos, responsables, plazos y seguimiento.
La intervención preventiva surge tras identificar incumplimientos reiterados en administraciones territoriales que no han desarrollado programas suficientes para atender animales vulnerables, controlar la reproducción sin supervisión, prevenir el maltrato o disponer de instalaciones adecuadas.
La advertencia es directa: la protección animal no puede continuar dependiendo de decisiones ocasionales, campañas aisladas o de la capacidad de organizaciones ciudadanas y rescatistas para asumir responsabilidades que corresponden al Estado.
Municipios tendrán 90 días para presentar sus planes de acción
Uno de los puntos centrales de la directiva obliga a los municipios a crear o poner en funcionamiento centros de bienestar animal.
Las administraciones territoriales tendrán un plazo de 90 días para presentar ante la Procuraduría un plan de acción que permita conocer qué medidas adoptarán, cuánto presupuesto destinarán, cuáles serán los tiempos de ejecución y qué dependencias estarán encargadas de su cumplimiento.
Estos centros deberán responder a las necesidades de animales abandonados, heridos, maltratados o en condición de vulnerabilidad. También deberán servir como espacios para desarrollar procesos de recuperación, atención veterinaria y adopción responsable.
La disposición cobra especial relevancia en municipios donde la atención de perros y gatos sin hogar recae principalmente en fundaciones, hogares de paso y ciudadanos que financian con recursos propios tratamientos, alimentos y rescates.
Esterilizaciones y estrategia CER deberán aplicarse de inmediato
La Procuraduría también ordenó implementar jornadas permanentes de esterilización, una medida destinada a reducir el crecimiento descontrolado de las poblaciones de perros y gatos y a prevenir nuevos casos de abandono.
Estas jornadas deberán incluir la estrategia de Captura, Esterilización y Retorno, conocida como CER, que permite intervenir animales sin hogar, brindarles atención veterinaria y retornarlos de manera controlada a su entorno cuando las condiciones lo permitan.
El propósito es que las administraciones adopten procedimientos técnicos y humanitarios, en lugar de recurrir a traslados improvisados, confinamientos prolongados o acciones que no solucionan el problema de fondo.
La directiva también exige formular el Plan de Centros Regionales de Bienestar Animal a los gobernadores y alcaldes que todavía no hayan adelantado este proceso.
La creación de infraestructura regional permitiría que varios municipios compartan capacidades para atender emergencias, rescates, procesos de recuperación y casos que requieran atención especializada.
Recursos para la protección animal deberán tener respaldo institucional
Las entidades territoriales tendrán que avanzar en la creación del Fondo Municipal de Protección Animal.
Este mecanismo deberá respaldar económicamente los programas de esterilización, atención veterinaria, prevención del maltrato, recuperación de animales y fortalecimiento de los centros de bienestar.
La instrucción busca evitar que las políticas de protección animal permanezcan únicamente en documentos administrativos sin presupuesto para su ejecución.
Alcaldías y gobernaciones deberán demostrar que las acciones anunciadas cuentan con financiación, personal capacitado, cronogramas y mecanismos de evaluación.
Inspectores de Policía deberán capacitarse para atender casos de maltrato
La Directiva 012 de 2026 también establece responsabilidades para los inspectores de Policía, quienes deberán recibir capacitación para aplicar correctamente el Proceso Verbal de Maltrato Animal.
Este procedimiento permite atender conductas que afectan la vida, la salud o la integridad de los animales y adoptar decisiones administrativas frente a los responsables.
La Procuraduría pidió, además, implementar el Curso de Sensibilización contemplado en la Ley Ángel. Esta formación busca fortalecer la prevención y generar mayor conocimiento sobre las consecuencias legales y sociales del maltrato animal.
La capacitación resulta necesaria debido a las dificultades que todavía enfrentan ciudadanos y organizaciones al presentar denuncias ante autoridades que desconocen los procedimientos o trasladan la responsabilidad entre diferentes dependencias.
Ambiente deberá expedir la ruta contra el maltrato animal
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible recibió la instrucción de expedir de manera inmediata la Ruta de Atención al Maltrato Animal.
Según la Procuraduría, este instrumento permanece pendiente desde octubre de 2025, pese a su importancia para definir cómo deben actuar las entidades cuando reciben una denuncia, encuentran un animal herido o conocen un caso de violencia.
La ruta deberá precisar las competencias de alcaldías, Policía, inspecciones, autoridades ambientales, centros veterinarios y demás instituciones que intervienen en la atención de estos hechos.
Su adopción busca evitar demoras, respuestas contradictorias y situaciones en las que ninguna entidad asume oportunamente el caso.
Bienestar animal deberá incorporarse a la formación escolar
La directiva también involucra al Ministerio de Educación, que deberá promover contenidos sobre bienestar animal, tenencia responsable y prevención del maltrato en los programas escolares.
La medida pretende que niños, niñas y adolescentes comprendan desde las aulas que los animales son seres sintientes y que su cuidado implica alimentación adecuada, atención veterinaria, protección y respeto.
La educación temprana también puede contribuir a prevenir conductas violentas y fortalecer la convivencia en hogares y comunidades.
Una mesa nacional revisará el cumplimiento de las medidas
Para vigilar la ejecución de las 22 disposiciones, la Procuraduría creó una Mesa Nacional de Seguimiento.
El organismo será coordinado por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios y contará con la participación de ministerios, entidades territoriales, juntas defensoras de animales y organizaciones dedicadas a su protección.
Todas las instituciones destinatarias deberán presentar informes semestrales en los que detallen los avances, las dificultades y las acciones realizadas.
Este seguimiento permitirá determinar qué entidades están cumpliendo, cuáles continúan rezagadas y qué obstáculos administrativos o presupuestales están impidiendo ejecutar las obligaciones.
La negligencia administrativa podría generar sanciones disciplinarias
La Procuraduría advirtió que la omisión, la falta de gestión o el incumplimiento de estas disposiciones pueden constituir faltas disciplinarias.
Las responsabilidades serán evaluadas conforme a la Ley 1952 de 2019 y a las modificaciones establecidas en la Ley 2094 de 2021.
Esto significa que los funcionarios no solo deberán anunciar programas o aprobar documentos. También tendrán que acreditar resultados concretos, inversiones y capacidad de atención en sus territorios.
La Directiva 012 de 2026 plantea un cambio en la forma de evaluar la gestión pública frente a los animales: las obligaciones deberán reflejarse en centros operativos, campañas permanentes, inspectores preparados, rutas de atención y recursos disponibles.
En adelante, alcaldes, gobernadores y entidades nacionales tendrán que responder por las medidas adoptadas para prevenir el abandono y atender el maltrato. La protección animal deberá evidenciarse en actuaciones verificables en cada municipio y departamento de Colombia.
La omisión, la negligencia administrativa o el incumplimiento de las disposiciones podrían derivar en
investigaciones y sanciones disciplinarias.
