La Contraloría General de la República volvió a encender las alertas sobre una de las políticas públicas más estratégicas para el desarrollo rural, la planeación territorial y la redistribución de la tierra en Colombia: el Catastro Multipropósito.
A través del estudio “Estado de la implementación de la política pública de Catastro Multipropósito 2014–2024”, el organismo reveló graves deficiencias en la ejecución, la actualización tecnológica y la gestión financiera de este programa, concebido como una herramienta esencial para el cumplimiento de la Reforma Rural Integral y los compromisos derivados del Acuerdo de Paz de 2016.
El informe fue elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, en coordinación con la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras y con apoyo de la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, tras un exhaustivo seguimiento a una década de implementación del Catastro Multipropósito.
Cuatro riesgos que frenan la transformación del catastro en el país
- Baja formalización y actualización:
Solo 73 municipios del país cuentan con información catastral actualizada. En total, la cobertura alcanza apenas 8,8 millones de hectáreas, de las 114 millones hectáreas que conforman el territorio nacional. A pesar de que el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 fijó la meta de alcanzar una cobertura del 70%, el avance actual está muy lejos del objetivo y requiere una acción más decidida del Estado. - Pérdida de recursos y baja ejecución presupuestal:
Entre 2016 y 2019, el promedio de recursos no ejecutados alcanzó el 9,25%. Pero el panorama empeoró entre 2020 y 2023, cuando la cifra subió a 46%, es decir, casi la mitad del presupuesto disponible quedó sin invertir. Esta situación, advierte la Contraloría, pone en riesgo el cumplimiento de las metas trazadas y la sostenibilidad financiera del programa. - Deficiencias tecnológicas:
El estudio encontró que el 91,45% del área rural y el 72,10% del área urbana del país aún no cuentan con datos actualizados, lo que evidencia una débil interrelación entre los sistemas de catastro y registro. La falta de interoperabilidad tecnológica sigue siendo uno de los mayores obstáculos para consolidar una base de datos única, moderna y confiable. - Desigualdad territorial:
Los municipios más afectados por la pobreza o el conflicto armado son los que presentan los mayores atrasos en la actualización catastral, a pesar de contar con recursos asignados. La Contraloría advirtió que este rezago perpetúa brechas históricas en materia de propiedad, inversión pública y acceso equitativo a la tierra.
Un impacto que trasciende las cifras
Más allá de los indicadores financieros y técnicos, la Contraloría advirtió sobre las implicaciones sociales y económicas de este rezago. La lentitud en la implementación del Catastro Multipropósito ha obstaculizado el cumplimiento de la Reforma Rural Integral, uno de los pilares del Acuerdo de Paz, que busca la formalización y redistribución de la tierra en zonas campesinas y rurales del país.
La falta de información catastral confiable también limita la identificación, priorización y compra de predios para programas de reforma agraria y dificulta la protección de territorios étnicos, áreas ambientales estratégicas y bienes públicos de la Nación.
De mantenerse las tendencias actuales —especialmente la baja ejecución presupuestal, que promedió 46% entre 2020 y 2023—, el país podría enfrentar un estancamiento prolongado en la implementación de esta política pública, con consecuencias directas en la equidad territorial, la inversión social y la planificación del desarrollo.
Una advertencia con efecto político
La Contraloría pidió al Gobierno Nacional acelerar la cobertura catastral, fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar una gestión eficiente de los recursos, para evitar que el Catastro Multipropósito se convierta en una promesa inconclusa.
La advertencia del órgano de control llega en un momento crucial, cuando el país avanza en la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026, que busca ampliar la base tributaria local y mejorar la administración del territorio.
Sin un catastro actualizado, las regiones más rezagadas —precisamente las que necesitan mayor inversión pública— seguirán invisibles ante las políticas de desarrollo.
El rezago catastral impide avanzar en la Reforma Rural
Integral y en la redistribución de la tierra.
