Chaguaní, Cogua, Tausa y más: los municipios de Cundinamarca que recibirán dinero para cuidar el agua

Cerca de 2.000 hectáreas serán protegidas y decenas de familias recibirán apoyo económico en zonas rurales de Une, Chaguaní, Cogua, Tausa, Beltrán y Jerusalén.

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El agua no nace en la ciudad, sino en los campos y montañas que muchos olvidan. Protegerla significa también reconocer el trabajo silencioso de quienes la cuidan día a día. Por eso, el país empieza a aplicar modelos que transforman la conservación en ingreso justo para las comunidades rurales. Es una apuesta por unir sostenibilidad ambiental con justicia social.

Proteger el agua dejó de ser solo un acto ambientalista y se convirtió en una alternativa concreta de ingreso para familias campesinas en Cundinamarca. A través de un modelo que premia la conservación, el departamento avanza en una estrategia que une ecología y economía popular. Lo que antes era tierra olvidada hoy representa un activo vital. Y en medio de esa transformación, cientos de hectáreas de bosque y fuentes hídricas están siendo resguardadas por quienes siempre han vivido de y para el territorio.

Inversión para el agua en Cundinamarca:

La Gobernación de Cundinamarca, a través de su Secretaría de Bienestar Verde, firmó acuerdos por más de $1.741 millones en el marco de un programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA). Esta iniciativa busca proteger zonas de recarga hídrica y fomentar prácticas sostenibles con sentido social. Los municipios beneficiados son Cogua, Une, Tausa, Chaguaní, Jerusalén y Beltrán, donde ya se desarrollan proyectos de conservación acompañados por las comunidades locales.

“En Cundinamarca conservar sí paga. Estas alianzas nos permiten proteger nuestras fuentes de agua trabajando de la mano con comunidades rurales”, señaló Diego Leandro Cárdenas Chala, secretario de Bienestar Verde, al presentar los alcances del programa.

Entre los proyectos más destacados está el de Une, donde se destinó la inversión más alta: más de $650 millones para la protección del río Taguaque. Las alianzas con juntas de acción comunal permiten intervenir 773 hectáreas, fortaleciendo la organización comunitaria. En Chaguaní, la inversión asciende a $213 millones, y se traduce en siembras de árboles frutales y nativos, aislamiento de zonas sensibles y dotación agrícola para 28 familias de la vereda Melgas.

Inversión para proteger el Neusa en Cogua (Cundinamarca):

Cogua, por su parte, protege parte de la cuenca del río Neusa en la vereda Cardonal con una inversión de $178 millones, beneficiando directamente a 417 familias. En Tausa, el trabajo se centra en dos quebradas: El Santuario y Guananí. Allí se destinan más de $325 millones para reforestación, control de especies invasoras y cercado de zonas ecológicas.

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También se apoya la transición productiva en zonas que históricamente han dependido de actividades que afectan el ambiente. Es el caso de Jerusalén, donde se promueve el reemplazo de la producción de carbón vegetal por galpones avícolas, y Beltrán, donde 10 galpones con gallinas ponedoras buscan generar ingresos sostenibles y frenar la deforestación del bosque seco tropical.

Imagen de referencia.

Este tipo de programas no solo buscan cuidar el ambiente; también representan una apuesta por dignificar la vida campesina. La lógica es simple: si el bosque se cuida, debe ser retribuido. Y si una comunidad protege el agua que abastece a todos, su esfuerzo merece respaldo.

Porque conservar no es solo una decisión ambiental, también es una responsabilidad compartida. Y en Cundinamarca, esa corresponsabilidad empieza a tomar forma entre la bruma de los páramos, el cauce de los ríos y la voluntad de cientos de familias que decidieron sembrar vida donde antes había olvido.

Es una apuesta por unir sostenibilidad ambiental con
justicia social.