Zipaquirá (Cundinamarca) enfrenta desde hace años un problema silencioso pero persistente: el microtráfico en los barrios. Aunque para algunos parezca lejano, su impacto se siente en los entornos escolares, en los parques y en la tranquilidad de la vida cotidiana. Los expendios no solo deterioran la seguridad, sino también la confianza comunitaria. Esta semana, las autoridades anunciaron un nuevo golpe contra una de esas estructuras ilegales.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a, alias El Chavo, por su presunta participación en el tráfico local de estupefacientes en Zipaquirá. Según las autoridades, el hombre sería uno de los encargados de distribuir alucinógenos al menudeo en barrios como San Miguel, Barandillas, La Paz, La Esmeralda, El Terminal y el centro del municipio.
Los indicios recolectados por los investigadores señalan que El Chavo haría parte de un grupo delincuencial conocido como La Dinastía, el cual habría utilizado métodos de presión como amenazas y torturas para cobrar las deudas relacionadas con la venta de droga. Esta organización es señalada por las autoridades de ejercer control violento en varios sectores de la ciudad.
Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos imputados por los delitos de concierto para Delinquir Agravado y Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes. A pesar de su negativa, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento intramural mientras avanza el proceso judicial.
Con esta judicialización, ya son nueve los presuntos integrantes de La Dinastía que han sido afectados por acciones de la Fiscalía.
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El caso de alias El Chavo abre nuevamente el debate sobre la necesidad de estrategias más profundas y sostenidas para contener el crecimiento del microtráfico en municipios
intermedios como Zipaquirá, donde estas redes
encuentran terreno fértil.
