Con el objetivo de agilizar los procesos judiciales, reducir los tiempos de respuesta y evitar la prescripción de miles de casos penales, la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime, en último debate, el Proyecto de Ley No. 455 de 2024 Cámara – 281 de 2024 Senado, también conocido como la reforma a la justicia.
Actualmente, una sentencia puede tardar más de diez años. Con esta reforma, se pretende que los fallos se emitan en un plazo de uno a doce meses. De acuerdo con cifras recientes, más de 43.000 procesos han prescrito en los últimos años, lo que motivó la urgencia de esta iniciativa legislativa.
El proyecto modifica las leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y 1121 de 2006, y contempla una serie de cambios significativos:
- Se fortalece la figura de la reparación integral a las víctimas.
- Se amplían los beneficios por aceptación de cargos, incluso en casos de flagrancia.
- Se introducen rebajas de pena bajo condiciones específicas.
- Se autoriza el uso de pruebas anticipadas.
- Y se refuerza el principio de oportunidad, permitiendo la suspensión de términos procesales para evitar la prescripción.
Una de las principales novedades es que se suspende el término para la prescripción de la acción penal, otorgando un plazo de hasta un año para que el procesado pueda aportar pruebas, lo cual representa una transformación de fondo en la manera en que opera el principio de oportunidad.
La ponente del proyecto, representante Ana Paola García Soto, afirmó que la reforma es un paso decisivo para “descongestionar el aparato judicial, entregar sentencias tempranas y reparar de manera oportuna a las víctimas”. Según la congresista, esta iniciativa demuestra que el Congreso “le está cumpliendo al país y a la justicia”.
El respaldo institucional ha sido amplio. La reforma fue construida de forma articulada por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, y legisladores de diversas bancadas.
Desde la Corte Suprema, la magistrada Myriam Ávila Roldán, presidenta de la Sala de Casación Penal, celebró el consenso alcanzado: “Este es un resultado grato, producto del trabajo colectivo de toda la institucionalidad interesada en una mejor administración de justicia. Es una iniciativa que va a generar resultados y que responde a las garantías de las víctimas, de los procesados y al equilibrio que exige el sistema penal acusatorio conforme a nuestra Constitución”, puntualizó.
Tras la aprobación en Cámara, el proyecto pasará ahora a la etapa de conciliación entre Senado y Cámara, y posteriormente será enviado a sanción presidencial.
En la misma sesión legislativa, la Plenaria de la Cámara también aprobó dos iniciativas adicionales:
El Proyecto de Ley que establece el Día Nacional en conmemoración de las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica, y el segundo debate del proyecto que reconoce las Fiestas del Mar del Distrito de Santa Marta como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la nación.
Beneficios por aceptación de cargos y reparación integral a víctimas se amplían.
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