La protección de los derechos de las personas mayores volvió a ocupar un lugar protagónico en una reciente decisión de la Corte Constitucional, que analizó el caso de una ciudadana de 88 años que durante años enfrentó obstáculos para acceder a una prestación pensional que consideraba legítima.
La determinación del Alto Tribunal surgió a partir de la acción de tutela promovida por Celmira Guerrero Villamizar contra Colpensiones, entidad a la que señaló de haber rechazado en repetidas oportunidades el reconocimiento de la sustitución de la pensión de invalidez que había recibido su hija, Luz Marina Guerrero Villamizar.
Aunque durante el trámite de revisión constitucional la controversia fue solucionada mediante el reconocimiento de la prestación reclamada, la Corte decidió pronunciarse sobre aspectos de fondo relacionados con la protección reforzada que el ordenamiento jurídico colombiano otorga a los adultos mayores y sobre las obligaciones que deben cumplir las entidades encargadas de administrar derechos pensionales.
La Corte encontró fallas en el trámite adelantado por Colpensiones
El expediente fue estudiado por la Sala Segunda de Revisión, en el que, en el análisis, los magistrados establecieron que Colpensiones incurrió en errores significativos al evaluar la solicitud presentada por la accionante.
Según la decisión, la entidad realizó una valoración inadecuada de las pruebas aportadas y no tuvo en cuenta la condición de especial protección constitucional de la solicitante, quien actualmente tiene 88 años.
La Corte concluyó que dichas actuaciones vulneraron el derecho al debido proceso administrativo de la ciudadana y advirtió que el reconocimiento de la sustitución pensional no fue consecuencia de una actuación espontánea del fondo de pensiones, sino que se produjo después de que el caso fuera seleccionado para revisión por parte del Tribunal Constitucional.
El reconocimiento llegó cuando el caso ya estaba en revisión
Los magistrados constataron que en diciembre de 2025 Colpensiones reconoció finalmente la sustitución pensional solicitada por Celmira Guerrero Villamizar.
Debido a que la pretensión principal ya había sido satisfecha, la Corte declaró la existencia de una carencia actual de objeto por hecho superado, figura jurídica que aplica cuando la situación que originó la acción de tutela desaparece antes de que se emita una decisión definitiva.
Sin embargo, la Corporación consideró necesario pronunciarse sobre los hechos para establecer criterios orientadores respecto al deber que tienen las entidades públicas y privadas de actuar con diligencia cuando se encuentran frente a solicitudes formuladas por personas mayores.
Protección reforzada para quienes pertenecen a la tercera edad
Uno de los aspectos más relevantes de la decisión fue la reiteración de la jurisprudencia constitucional relacionada con la protección especial que reciben los adultos mayores.
La Corte recordó que las personas de la tercera edad son sujetos de especial protección constitucional debido a las condiciones particulares que pueden derivarse del envejecimiento, la dependencia económica, las dificultades de acceso a servicios esenciales y la necesidad de garantizar condiciones dignas para su subsistencia.
Por esa razón, las autoridades administrativas y judiciales están obligadas a actuar con especial cuidado, prontitud y eficiencia cuando sus decisiones puedan afectar derechos fundamentales como la seguridad social, el mínimo vital, la salud o la dignidad humana.
El tribunal enfatizó que las administradoras de pensiones y las entidades encargadas de gestionar prestaciones sociales no pueden limitarse a realizar trámites formales, sino que deben garantizar respuestas oportunas y ajustadas a los principios constitucionales que protegen a esta población.
Exhorto para garantizar respuestas oportunas en materia pensional
Como parte de la decisión, la Corte Constitucional exhortó a Colpensiones para que fortalezca el cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales y adopte medidas que permitan asegurar el acceso efectivo y oportuno a las prestaciones sociales.
La Corporación señaló que la garantía de los derechos fundamentales de las personas mayores exige actuaciones diligentes, análisis rigurosos de las pruebas y procedimientos que eviten demoras injustificadas que puedan afectar la calidad de vida de quienes dependen de una pensión para su sostenimiento.
La decisión se convierte en una nueva referencia sobre la responsabilidad que tienen las entidades del sistema de seguridad social frente a los adultos mayores y sobre la obligación de brindar respuestas oportunas cuando se encuentran en juego derechos fundamentales relacionados con la subsistencia y la protección social.
El fallo recuerda que los derechos de las personas mayores requieren atención prioritaria por parte del Estado.
