La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó viabilidad ambiental a la modificación del proyecto UPME 03-2010 Subestación Chivor II y Norte 230 kV, decisión que habilita la ejecución completa del trazado contemplado desde el otorgamiento inicial de la licencia. La obra, que se extiende a lo largo de 162 kilómetros, atraviesa siete municipios de Boyacá y trece de Cundinamarca, y forma parte de la infraestructura de transmisión eléctrica prevista para fortalecer el Sistema Interconectado Nacional.
La modificación aprobada por la entidad, adscrita al sector ambiente, contempla 11 variantes de trazado con una longitud aproximada de 11,48 kilómetros y autoriza la construcción de 24 sitios de torre en los municipios de Cogua, Zipaquirá, Tabio y Subachoque. Según la ANLA, los ajustes responden a un proceso técnico orientado a optimizar el diseño del proyecto y reducir sus impactos ambientales y sociales.
¿Qué participación tuvo la comunidad en el proceso?
La evaluación de la modificación incluyó espacios de diálogo, recorridos de campo, encuentros de participación ampliada, reuniones informativas y una Audiencia Pública Ambiental (APA) en el área de influencia del proyecto. Las reuniones informativas se realizaron los días 17, 18 y 19 de abril de 2026 en los municipios de Cogua, Subachoque y Tabio, con la asistencia de 193 personas de manera presencial y 356 de forma virtual, quienes formularon 95 intervenciones.
La Audiencia Pública Ambiental, por su parte, se llevó a cabo los días 16 y 17 de mayo de 2026 en Cogua y Tabio, y reunió a 107 asistentes presenciales y 281 participantes virtuales, con un total de 65 intervenciones. La ANLA señaló que las observaciones e inquietudes presentadas en estos espacios fueron tenidas en cuenta durante la evaluación técnica del proyecto.
¿Qué aspectos ambientales se reforzaron tras la participación ciudadana?
Los aportes de la comunidad permitieron a la ANLA complementar su análisis técnico en materia de recurso hídrico, biodiversidad, conectividad ecológica, funcionalidad del paisaje y patrimonio arqueológico.
Como resultado, la entidad fortaleció las medidas de manejo ambiental dirigidas a la protección del agua, la conservación de ecosistemas estratégicos, la restauración y compensación por pérdida de biodiversidad, así como la atención a los impactos sobre el uso del suelo, las actividades productivas y la infraestructura comunitaria.
Este análisis contó con el apoyo científico del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y con la consulta especializada al Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) para la evaluación del patrimonio arqueológico de la zona. A partir de estos insumos, la ANLA definió medidas específicas para prevenir afectaciones al patrimonio durante la ejecución de las obras.
¿Qué otros riesgos fueron evaluados por la autoridad ambiental?
La ANLA también analizó los riesgos asociados a la exposición a campos electromagnéticos, con base en los criterios establecidos en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y en consulta con el Ministerio de Minas y Energía. Adicionalmente, la entidad evaluó los posibles impactos socioeconómicos del proyecto sobre el uso del suelo, los predios, las actividades productivas, la infraestructura comunitaria y la percepción social en los municipios del área de influencia.
Como parte de las medidas de compensación, la ANLA incorporó al Plan de Compensación un área adicional de 1,37 hectáreas destinada a la restauración ecológica, con acciones orientadas a la recuperación de coberturas naturales y al fortalecimiento de la conectividad del paisaje en la zona intervenida.
Según la ANLA, los ajustes responden a un proceso técnico orientado a optimizar el diseño del proyecto y reducir sus impactos ambientales y sociales.
