El crecimiento acelerado de proyectos urbanísticos en zonas rurales y suburbanas de Cundinamarca comenzó a generar una presión cada vez mayor sobre el agua, los ecosistemas estratégicos y las áreas agrícolas del departamento. La expansión de viviendas campestres, parcelaciones y desarrollos suburbanos en municipios cercanos a Bogotá llevó a las autoridades ambientales a adoptar nuevas medidas de control territorial, luego de casi tres décadas sin una actualización profunda en esta materia.
En respuesta a ese panorama, fue aprobado un acuerdo que endurece las condiciones para el desarrollo urbanístico en municipios bajo jurisdicción ambiental regional, incorporando restricciones más severas para la suburbanización y nuevas densidades para el suelo rural suburbano. La decisión busca contener procesos de ocupación desordenada que, según estudios técnicos, ya están afectando la capacidad ambiental y la sostenibilidad de varias zonas del departamento.
La medida obliga a los municipios y al Distrito Capital a incorporar nuevas determinantes ambientales en la revisión y actualización de sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT), Planes Básicos de Ordenamiento Territorial (PBOT) y Esquemas de Ordenamiento Territorial (EOT), ajustando sus modelos de crecimiento a parámetros relacionados con sostenibilidad, protección hídrica y conservación ambiental.
Restricciones urbanísticas y alertas por deterioro ambiental
Los estudios adelantados por la autoridad ambiental revelaron un escenario de creciente deterioro en distintas regiones de Cundinamarca. Según las cifras oficiales, el 25,5 % del territorio presenta índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos; 15 municipios registran riesgo elevado asociado al cambio climático; y otros 28 ya muestran niveles de ocupación rural que afectan la capacidad de carga y la sostenibilidad ambiental.
Entre los factores evaluados dentro de la metodología técnica figuran la vulnerabilidad hídrica, la sobreutilización severa del suelo, la fragmentación ecológica, la presión sobre ecosistemas estratégicos y el impacto potencial sobre la calidad del agua. Todos estos elementos fueron incorporados como variables determinantes para definir nuevas restricciones urbanísticas y ambientales.
“Los estudios técnicos adelantados por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), evidenciaron que el 25,5 % del territorio presenta índices de vulnerabilidad hídrica altos o muy altos; 15 municipios registran riesgo alto asociado al cambio climático; y 28 municipios presentan niveles de ocupación rural que ya afectan su capacidad de carga y sostenibilidad ambiental”, explicó el director general de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón.
La entidad considera que estos indicadores evidencian la necesidad de fortalecer los mecanismos de planificación territorial para evitar que el crecimiento urbano y suburbano continúe comprometiendo la seguridad hídrica, la biodiversidad y la vocación rural de amplias zonas del departamento.
Menos viviendas y mayores exigencias ambientales
Uno de los cambios más relevantes del acuerdo está relacionado con los límites permitidos para viviendas en suelo campestre. La nueva reglamentación reduce significativamente la densidad autorizada en zonas suburbanas, endureciendo las condiciones de ocupación en áreas rurales estratégicas.
“Se reduce de 8 a 2 viviendas, haciendo más restrictivas las condiciones en los suelos suburbanos, porque no podemos seguir sobrepasando la capacidad de nuestros ecosistemas”, sostuvo Ballesteros Alarcón.
La normativa también incorpora el principio de conservación contemplado en la Ley 99 de 1993, estableciendo que al menos el 70 % del área de los proyectos suburbanos deberá destinarse a procesos de conservación y restauración de vegetación nativa, con el propósito de proteger el recurso hídrico, el suelo y la biodiversidad.
Además de las restricciones sobre densidades y ocupación, el acuerdo busca fortalecer la protección del suelo rural y de las áreas con alta capacidad agrológica, consideradas fundamentales para la seguridad alimentaria y el equilibrio ambiental del territorio.
Universidad Nacional participó en la metodología técnica
La metodología que soporta el nuevo modelo de suburbanización fue construida mediante un trabajo conjunto con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. El objetivo fue desarrollar un modelo técnico que permitiera evaluar las condiciones ambientales particulares de cada municipio y establecer criterios diferenciales para la ocupación del suelo rural.
“Para la construcción de la metodología técnica, la CAR trabajó de manera conjunta con el Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, desarrollando un modelo que permite evaluar las condiciones ambientales particulares de cada municipio y estableciendo criterios diferenciales para la ocupación del suelo rural”, afirmó Ballesteros Alarcón.
La reglamentación se encuentra respaldada en disposiciones de la Constitución Política, la Ley 99 de 1993, la Ley 388 de 1997 y el Decreto 1077 de 2015, normas que facultan a las autoridades ambientales para establecer determinantes dirigidas al desarrollo sostenible y la conservación del territorio.
La autonomía municipal seguirá vigente
La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca aclaró que la autonomía municipal y distrital continuará vigente en la definición de los usos del suelo. Sin embargo, las nuevas determinantes ambientales funcionarán como herramientas técnicas orientadas a fortalecer la toma de decisiones territoriales y a garantizar que los procesos de desarrollo sean compatibles con las condiciones ambientales de cada municipio.
“El propósito del acuerdo no es frenar el desarrollo, sino garantizar que este ocurra de manera ordenada, responsable y compatible con la capacidad ambiental del territorio y la sostenibilidad de largo plazo”, agregó el director general de la entidad.
Finalmente, la CAR indicó que la metodología aprobada tendrá carácter dinámico, permitiendo ajustar las condiciones de suburbanización y las densidades autorizadas de acuerdo con mejoras ambientales, procesos de restauración ecológica y avances en la gestión territorial adelantada por los municipios.
Al menos el 70 % de los proyectos suburbanos deberá destinarse a conservación y restauración de vegetación nativa.
