En un momento en el que Cundinamarca gestiona recursos decisivos para salud, deporte, infraestructura y programas sociales, la Contraloría Departamental abrió un nuevo capítulo de articulación institucional.
El contralor Andrés Felipe Trujillo Galvis convocó una mesa técnica con el secretario de Hacienda, Luis Armando Rojas Quevedo, para revisar a fondo cómo se están administrando los ingresos del departamento y qué ajustes deben hacerse para fortalecer la vigilancia fiscal.
Diagnóstico inicial: revisar dónde están, cómo se usan y a qué ritmo avanzan los recursos
El encuentro inició con un balance detallado sobre la destinación de los fondos que sostienen la operación del departamento. La Contraloría enfatizó la necesidad de que cada inversión cumpla su objetivo real, especialmente en sectores sensibles para la ciudadanía. Esta revisión, explicaron, es fundamental para garantizar que los recursos no se dispersen, no se retrasen y no se desvíen de su propósito.
Uno de los puntos más analizados fue el fortalecimiento de las auditorías. La entidad de control insistió en que la oportunidad de la información, la calidad de los reportes y el cumplimiento estricto de los plazos son condiciones esenciales para anticipar irregularidades y generar decisiones basadas en evidencia.
Para la Contraloría, perfeccionar estos componentes es indispensable para aumentar la eficiencia y blindar la sostenibilidad financiera del departamento.
Un ejercicio de articulación que impulsa un nuevo estándar de supervisión pública
El encuentro avanzó hacia la consolidación de una alianza técnica entre Hacienda y la Contraloría, basada en la coordinación continua y la responsabilidad compartida.
Trujillo destacó que estos espacios son un motor para elevar el estándar del control fiscal y posicionar a Cundinamarca como un territorio con vigilancia pública más rigurosa y moderna. “Este es solo el comienzo de un trabajo conjunto por un control fiscal más moderno y efectivo”, expresó al cierre.
El trabajo conjunto entre Hacienda y Contraloría busca blindar los fondos destinados a salud, deporte
y programas sociales.
