La Corte Constitucional convocó una audiencia pública para el próximo 13 de noviembre de 2026, con el propósito de examinar las medidas que deberán garantizar la participación, permanencia y remuneración de los recicladores de oficio en el nuevo esquema de prestación del servicio público de aseo de Bogotá.
La decisión fue adoptada por la Sala Séptima de Revisión mediante el Auto 1461 del 26 de octubre de 2026, dentro del seguimiento a la Sentencia T-724 de 2003, que estableció obligaciones para proteger los derechos de esta población en los procesos de contratación del servicio de aseo.
La audiencia tendrá lugar en el Palacio de Justicia de Bogotá, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m., y permitirá escuchar a autoridades, organizaciones de recicladores, organismos de control y expertos técnicos.
¿Por qué la Corte convocó la audiencia?
La convocatoria responde a los cambios que enfrenta la prestación del servicio público de aseo en Bogotá, particularmente después de la expedición de la Resolución CRA 1040 de 2026, que adoptó un nuevo marco tarifario para los grandes prestadores del servicio.
La Corte señaló que las condiciones regulatorias y contractuales han cambiado sustancialmente y que es necesario conocer cómo el Distrito Capital incorporará estas modificaciones en la estructuración de su futuro modelo de contratación.
La decisión también tiene como antecedente las inquietudes presentadas por organizaciones de recicladores sobre los posibles efectos económicos, administrativos y operativos de la nueva regulación.
El 4 de agosto de 2026, 244 organizaciones de recicladores de diferentes regiones del país presentaron solicitudes relacionadas con el nuevo marco tarifario. Posteriormente, la Corte recibió 124 peticiones que planteaban interrogantes sobre la continuidad de las medidas de protección reconocidas a esta población.
Entre las preocupaciones expuestas figuran el acceso a los materiales reciclables, el reconocimiento de las toneladas aprovechadas, la remuneración por esta actividad y las condiciones necesarias para continuar ejerciendo el oficio.
Por su parte, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) manifestó que el proceso formal de participación ciudadana había concluido en noviembre de 2025 y que la nueva regulación contempla medidas para garantizar el acceso a los residuos aprovechables.
¿Qué deberá explicar el Distrito Capital?
Durante la audiencia se examinarán tres asuntos principales: los efectos del nuevo marco regulatorio sobre los recicladores, la incorporación de esas disposiciones en la futura contratación del servicio de aseo y las medidas previstas para evitar retrocesos en sus derechos.
En particular, la Corte buscará conocer cómo las autoridades garantizarán:
- El acceso cierto y seguro a los materiales aprovechables.
- La permanencia de los recicladores de oficio en su actividad.
- Una remuneración justa, cierta y oportuna.
- La continuidad de las medidas de protección establecidas en la Sentencia T-724 de 2003.
- Los mecanismos de seguimiento para verificar el cumplimiento de estas obligaciones.
La diligencia también permitirá establecer en qué etapa se encuentra la estructuración del nuevo esquema contractual y cómo se coordinarán las entidades distritales y nacionales para proteger a la población recicladora.
La Corte no decidirá sobre la legalidad de las tarifas
Uno de los aspectos que precisa el Auto 1461 de 2026 es que la audiencia no tendrá como finalidad revisar las tarifas del servicio público de aseo ni determinar la validez de la Resolución CRA 1040 de 2026.
La intervención de la Corte estará limitada a verificar que las futuras actuaciones contractuales relacionadas con el servicio de aseo en Bogotá incorporen las medidas de protección exigidas por la Sentencia T-724 de 2003.
La Corporación también aclaró que, aunque organizaciones de recicladores de otras regiones del país han presentado observaciones, el seguimiento judicial se circunscribe a la población recicladora de oficio de Bogotá.
¿Quiénes participarán y cómo seguir la audiencia?
Entre las entidades y organizaciones a las que se comunicará la convocatoria figuran la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la CRA, el Ministerio de Vivienda, la Secretaría Distrital del Hábitat, la Procuraduría, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y distintas organizaciones de recicladores.
La relación definitiva de participantes, el orden de las intervenciones y la metodología serán establecidos posteriormente mediante una nueva providencia.
La Corte dispuso que la audiencia sea transmitida a través de su página web y redes sociales.
Las personas interesadas en asistir presencialmente deberán inscribirse antes del 6 de noviembre de 2026, mediante los correos electrónicos [email protected] y [email protected].
Con esta convocatoria, la Corte busca reunir elementos de juicio para determinar si las medidas previstas para el futuro esquema de aseo de Bogotá permitirán mantener las garantías reconocidas a los recicladores de oficio, una población cuya protección constitucional ha sido objeto de seguimiento durante más de dos décadas.
La Corte examinará las garantías de acceso a materiales reciclables, continuidad laboral y remuneración justa para los recicladores de Bogotá.
