La educación superior en Colombia amplió su matrícula durante los últimos años, pero continúa enfrentando profundas brechas de acceso, permanencia, calidad, equidad y financiación. Un análisis de la Contraloría General de la República (CGR) advierte que uno de cada dos estudiantes que termina la educación media no logra ingresar a la educación superior en el periodo inmediatamente posterior a su graduación.
El estudio, elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte, examinó la evolución del sistema entre 2021 y 2025 y encontró que el aumento del número de estudiantes no ha sido suficiente para superar varias de sus principales dificultades estructurales.
Uno de cada dos bachilleres no pasa directamente a la educación superior
El acceso continúa siendo uno de los mayores retos. Según la Contraloría, aproximadamente la mitad de quienes culminan la educación media no ingresa inmediatamente a una institución de educación superior.
Aunque la matrícula nacional aumentó de 2,44 millones de estudiantes en 2021 a 2,72 millones en 2025, el crecimiento todavía no garantiza una transición oportuna para miles de jóvenes que salen de colegios públicos y privados.
La situación también se refleja en la cobertura. Colombia permanece 21,1 puntos porcentuales por debajo del promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), diferencia que, de acuerdo con el organismo de control, obliga a fortalecer las políticas de acceso y permanencia.
Crece la participación de las universidades públicas
La composición de la matrícula también presentó cambios durante el periodo analizado.
En 2021, las instituciones oficiales concentraban el 54,49 % de los estudiantes, mientras el sector privado reunía el 45,5 %. Para 2025, la participación del sector oficial ascendió al 56,7 % y la privada disminuyó al 43,3 %.
Este movimiento representa una mayor presión sobre las instituciones públicas, que deberán atender una demanda creciente mientras enfrentan restricciones fiscales, necesidades de infraestructura y limitaciones en su capacidad institucional.
El panorama plantea la necesidad de ampliar cupos sin deteriorar las condiciones académicas ni comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.
Más graduados, pero la deserción sigue golpeando la formación técnica y tecnológica
El aumento del acceso no garantiza que los estudiantes culminen sus programas.
Entre 2021 y 2025, el número de graduados aumentó 6,29 %, al pasar de 524.983 a 557.999 personas.
Sin embargo, las cifras de abandono siguen siendo relevantes. En 2023, la tasa nacional de deserción llegó al 8,97 %, mientras algunos niveles educativos registraron porcentajes considerablemente mayores.
En educación técnica profesional, la deserción alcanzó el 17,18 %, y en los programas tecnológicos llegó al 13,62 %.
Para la Contraloría, estos resultados muestran que las políticas públicas no deberían concentrarse únicamente en ampliar los cupos o facilitar el ingreso, sino también en generar condiciones que permitan a los estudiantes mantenerse dentro del sistema y completar su formación.
Saber Pro y Saber TyT: resultados permanecen por debajo de la mitad del puntaje máximo
La calidad constituye otro de los frentes examinados.
Entre 2021 y 2025, el puntaje promedio nacional obtenido en las pruebas Saber Pro correspondió al 48,5 % del puntaje máximo posible, mientras en Saber TyT alcanzó el 45,9 %.
En ambos casos, el resultado se situó por debajo de la mitad de la calificación máxima.
El análisis también identificó diferencias entre hombres y mujeres. Durante el periodo estudiado, los hombres obtuvieron en promedio 4,63 puntos más que las mujeres en Saber Pro y 1,42 puntos adicionales en Saber TyT.
Para el organismo de control, ampliar la cobertura deberá ir acompañado de estrategias que permitan mejorar simultáneamente el desempeño académico y reducir las diferencias existentes dentro del sistema.
Universidades públicas aumentaron sus ingresos, pero mantienen alta dependencia de la Nación
El crecimiento de la educación superior también supone mayores exigencias financieras, especialmente para las instituciones públicas.
Los ingresos de las universidades estatales, expresados en valores corrientes, aumentaron de $7,9 billones en 2019 a $14,2 billones en 2024, con un crecimiento promedio anual del 13 %.
Pese al incremento, la estructura de financiación mantiene una fuerte dependencia del presupuesto público.
Aproximadamente el 50 % de los recursos proviene de transferencias de la Nación, mientras los ingresos propios representan alrededor del 37 %.
Esta composición, según el análisis, evidencia una capacidad limitada de autofinanciación y una dependencia fiscal que puede aumentar a medida que crezca la demanda por educación superior pública.
Cuatro universidades concentran una elevada proporción de los recursos
La distribución de los recursos también presenta diferencias considerables entre instituciones.
La Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle, que representan aproximadamente el 12 % de las universidades públicas, concentran el 48 % de los ingresos provenientes de la Nación y el 37 % de los recursos territoriales.
Las diferencias son todavía más visibles cuando se calcula el monto recibido por estudiante.
Las transferencias nacionales per cápita tienen un promedio de $4.512.090, pero oscilan desde $525.777 por estudiante en la UNAD hasta $11.426.139 en la Universidad Nacional.
La Contraloría considera que estas brechas requieren revisar y fortalecer los criterios utilizados para distribuir los recursos, teniendo en cuenta las características institucionales y los distintos modelos educativos.
Pasivo pensional de universidades públicas llegó a $10,3 billones
Uno de los principales factores de presión financiera es el pasivo pensional.
En 2024, estas obligaciones alcanzaron aproximadamente $10,3 billones, equivalentes al 79,7 % de los pasivos de las universidades públicas.
La mayor parte se concentra en pocas instituciones.
La Universidad Nacional registra un pasivo pensional de $4,5 billones, mientras la Universidad del Valle acumula $1,4 billones.
En conjunto, ambas universidades representan el 57,8 % del saldo total del pasivo pensional universitario.
Esta carga puede reducir los recursos disponibles para actividades como docencia, investigación, extensión, mantenimiento y desarrollo de infraestructura.
Reforma a la Ley 30 tendría un impacto de $27,8 billones
A las obligaciones actuales se suma el impacto fiscal previsto por la implementación de la reforma a la Ley 30 de 1992.
La Contraloría calculó que podría representar $27,8 billones entre 2027 y 2036, equivalentes a cerca de $2,7 billones anuales.
El organismo advirtió sobre la necesidad de establecer fuentes de financiación claras, suficientes y sostenibles para evitar que el aumento de las obligaciones presupuestales genere nuevas presiones sobre las finanzas públicas a partir de 2027.
Contraloría encontró 130 hallazgos fiscales por $176.753 millones
El informe también incorpora los resultados del control fiscal practicado a entidades del sistema público de educación superior, entre ellas universidades, el ICETEX y el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior (FODESEP).
Entre el segundo semestre de 2022 y el primer semestre de 2026, la Contraloría identificó 130 hallazgos fiscales por $176.753 millones.
Cerca del 82 % de esa cuantía está relacionada con el componente contractual; el 7,7 % corresponde al componente contable y el 6,6 % a infraestructura educativa.
Las cifras refuerzan, según el organismo de control, la necesidad de mejorar la supervisión, el seguimiento contractual y los mecanismos destinados a proteger los recursos públicos invertidos en educación superior.
Acceso, calidad y financiación: los tres frentes que definirán la educación superior
El análisis de la Contraloría muestra un sistema que ha crecido en matrícula y número de graduados, pero que todavía presenta importantes diferencias en acceso, permanencia, resultados académicos y disponibilidad de recursos.
El reto para los próximos años no estará únicamente en aumentar los cupos o destinar mayores partidas presupuestales. También será necesario garantizar que los estudiantes puedan ingresar, permanecer y graduarse bajo condiciones académicas adecuadas, mientras las instituciones mantienen capacidad financiera para responder al crecimiento de la demanda.
La CGR concentra los principales desafíos de la educación superior colombiana en tres grandes frentes: acceso y permanencia; equidad y calidad; y financiación y sostenibilidad.
En ese escenario, la administración y distribución de los recursos públicos tendrá un papel determinante para que una mayor inversión se traduzca en más oportunidades educativas, mejores condiciones de formación y universidades financieramente sostenibles.
Cuatro universidades públicas concentran el 48 % de los ingresos provenientes de la Nación y el 37 % de los recursos territoriales.
