La Delegación Departamental de Bomberos de Cundinamarca, bajo la orientación del capitán Álvaro Eduardo Farfán Vargas, publicó un contundente comunicado dirigido a todas las unidades del departamento, a raíz de la emergencia que se desarrolla en Gutiérrez por la desaparición de una menor —reportada desde el 3 de noviembre de 2025— y del Subteniente Carlos Andrés Rozo, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mesitas del Colegio, perdido durante las labores de búsqueda en el río Blanco el pasado 6 de noviembre.
La emergencia opera bajo PON, SCI y con PMU activo desde el primer momento
De acuerdo con la Delegación, toda la operación se desarrolla bajo los Procedimientos Operativos Normalizados (PON) y los protocolos nacionales de seguridad. El Sistema Comando de Incidentes (SCI) se activó desde el arranque del operativo mediante el Puesto de Mando Unificado (PMU), inicialmente a cargo del Subteniente Fernando Beltrán (Bomberos Ubaque) y luego del Cabo Juber Bustos (Bomberos Guayabetal).
El PMU ha coordinado un trabajo permanente con todas las entidades involucradas para lograr la ubicación tanto de la menor como del Subteniente Rozo, articulando personal, recursos y estrategias de búsqueda.
Supervisión directa y estricta de la Delegación Departamental
El Delegado Departamental informó que ha mantenido un seguimiento operativo continuo, priorizando la seguridad del personal debido a las condiciones complejas del terreno, que incluyen zonas escarpadas y alto riesgo para las unidades que participan en las labores.
Por esta razón, solo se ha autorizado la participación de personal con certificación y experiencia en este tipo de escenarios, reafirmando que la Delegación es responsable de garantizar la protección de todos los bomberos involucrados en la emergencia.
Cumplimiento estricto de la Ley 1575 y la Resolución 1127
La Delegación recordó a todos los cuerpos del departamento que están obligados a cumplir lo establecido en:
- Artículo 11 de la Ley 1575 de 2012.
- Artículo 15 de la Resolución 1127 de 2018 (modificatoria del Artículo 18 de la Resolución 0661 de 2014).
Estas normas ratifican que el Delegado Departamental es la máxima autoridad operativa en emergencias que exceden la capacidad del municipio, y que todos los cuerpos de bomberos están obligados a acatar sus directrices.
Adicionalmente, la Resolución 431 de 2024 de la Dirección Nacional de Bomberos establece los estándares nacionales obligatorios de los PON, que deben ser aplicados en todos los procedimientos internos.
Toda acción sin permiso se considera fuera de la coordinación oficial y será asumida bajo la responsabilidad exclusiva de quien la ejecute.
Toda búsqueda, rescate o apoyo debe regirse estrictamente por el SCI y los protocolos nacionales.
Llamado urgente: no publicar información no verificada
La Delegación también pidió a bomberos, personal operativo y ciudadanía:
- No difundir información no verificada sobre la emergencia o la situación del Subteniente Rozo.
- Evitar rumores, especulaciones o mensajes que interfieran con la investigación.
- Seguir únicamente los canales oficiales, los únicos autorizados para entregar datos confiables.
El organismo alertó que la difusión de datos imprecisos puede entorpecer la coordinación institucional, afectar a las familias de los desaparecidos y generar eventuales compromisos disciplinarios o penales.
Advertencia final: responsabilidades individuales para quienes incumplan
El Delegado Departamental fue claro al afirmar que no asumirá ninguna responsabilidad por actos de comandantes o representantes legales que actúen por fuera del marco normativo vigente. Cualquier actuación irregular será atribuida directamente a los responsables bajo el debido proceso y las normas disciplinarias y penales aplicables.
Compromiso con una respuesta segura y unificada
El comunicado concluye reiterando el compromiso técnico, operativo y jurídico de la Delegación Departamental en la atención de emergencias, e insta a todos los cuerpos de bomberos de Cundinamarca a mantener disciplina, coordinación y cumplimiento estricto de la normativa vigente para garantizar una operación segura, unificada y eficaz.
El manejo de datos falsos o especulativos puede generar procesos disciplinarios o penales.
