La Procuraduría General de la Nación solicitó al superintendente de Notariado y Registro, Roosvelt Rodríguez Rengifo, evaluar la posibilidad de suspender la ejecución contractual del concurso de méritos público y abierto que busca el nombramiento en propiedad de notarios y el ingreso a la carrera notarial en el país.
La petición fue elevada a través de una comunicación enviada con carácter de urgencia, en la que el ente de control recordó que no ha recibido respuesta a las inquietudes formuladas el pasado 3 de septiembre de 2025. Tras revisar la documentación del proceso de selección publicada en la plataforma SECOP II, la entidad planteó varias observaciones que ponen en entredicho la transparencia y legalidad del concurso.
¿Qué argumentos expone la Procuraduría para solicitar la suspensión?
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la ausencia de mecanismos de defensa para los participantes. Según la Procuraduría, no existen recursos contra las decisiones preliminares del operador ni contra las resoluciones definitivas del Consejo Superior de Carrera Notarial (CSCN). Esto dejaría a los concursantes sin posibilidad de controvertir las listas de admitidos, las calificaciones de las pruebas y las evaluaciones de entrevistas.
El organismo agregó que al ser el mismo Consejo quien determina qué decisiones administrativas son susceptibles de cuestionamiento, se estaría restringiendo el derecho al acceso a la justicia y se limitaría la posibilidad de debatir sobre eventuales irregularidades en el proceso.
¿Qué irregularidades detectó el Ministerio Público en el cronograma del concurso?
La Procuraduría también señaló inconsistencias en el cronograma, al advertir que con la pérdida de vigencia del Acuerdo 001 de 2024, debido al Acuerdo 001 de 2025, los anexos que establecían fechas y procedimientos también quedaron sin validez. Esto significa que actualmente no existen fechas oficiales para el desarrollo del concurso de méritos.
Adicionalmente, tras analizar convocatorias de sesiones del CSCN, la Procuraduría aseguró haber identificado posibles violaciones al debido proceso e incumplimientos del principio de legalidad.
En su requerimiento, la entidad pidió al superintendente enviar en un plazo máximo de dos días hábiles información relacionada con cronogramas, documentos soporte y actos de delegación, además de publicar de inmediato dicho requerimiento en el enlace del procedimiento dentro del SECOP II.
Evaluar la posibilidad de suspender la ejecución
contractual del concurso de méritos público y abierto
que busca el nombramiento en propiedad de notarios.
