La Corte Constitucional de Colombia, mediante la Sentencia T-348 de 2026, ordenó retirar publicaciones de Facebook que constituían violencia de género digital contra Stephany Dayana Ortiz Tafur, gestora social de Arauca y esposa del alcalde de ese municipio. La decisión también estableció que las críticas a la gestión pública, incluso cuando resulten incómodas u ofensivas, están protegidas por la libertad de expresión.
El fallo resolvió una acción de tutela presentada contra Cristian Camilo Paredes Forero, activista político y creador de contenido digital, por una serie de publicaciones que incluían fotografías, fotomontajes, comentarios sobre la apariencia física de la demandante y cuestionamientos relacionados con la Administración Municipal.
La Sala Cuarta de Revisión determinó que parte de esos contenidos vulneraron los derechos fundamentales de la accionante a la dignidad humana, la intimidad, la igualdad y a vivir libre de violencias.
La Corte diferenció la crítica política de la violencia contra las mujeres
Uno de los aspectos centrales de la sentencia fue la distinción entre las publicaciones relacionadas con asuntos de interés público y aquellas dirigidas a desacreditar personalmente a la gestora social.
El Tribunal consideró que los cuestionamientos sobre la gestión del alcalde de Arauca, el posible uso irregular de recursos públicos y las actividades institucionales de su esposa estaban amparados por la libertad de expresión.
Aunque algunos mensajes utilizaban expresiones severas, sarcásticas u ofensivas, la Corte reconoció que el control ciudadano sobre las administraciones públicas merece una protección constitucional especial.
Sin embargo, encontró que otras publicaciones recurrían a estereotipos de género, referencias a supuestos procedimientos estéticos, insinuaciones sobre la vida íntima y representaciones degradantes de la accionante.
Según la providencia, estos contenidos no constituían una crítica legítima a la gestión institucional, sino manifestaciones de violencia de género digital que buscaban disminuir su credibilidad y participación pública.
Las órdenes contra el creador de contenido en Facebook
Tras revocar la decisión de segunda instancia que había negado la tutela, la Corte concedió la protección de los derechos fundamentales de Ortiz Tafur y ordenó a Paredes Forero:
- Eliminar 28 publicaciones identificadas y otros contenidos sustancialmente similares que resulten sexualizados, estereotipados o degradantes, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación.
- Publicar disculpas públicas en sus dos cuentas de Facebook, dentro de los cinco días posteriores a la notificación.
- Realizar una capacitación obligatoria sobre igualdad de género y violencia contra las mujeres en espacios digitales, en un plazo de 20 días.
- Difundir la sentencia en Facebook dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, sin divulgar el anexo reservado.
- Abstenerse de nuevas publicaciones discriminatorias y presentar un informe de cumplimiento ante el juez de primera instancia dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación.
El Juzgado Primero Civil Municipal de Arauca será el encargado de supervisar el cumplimiento de estas disposiciones.
Las gestoras sociales también pueden ser objeto de control ciudadano
La Corte precisó que las gestoras sociales no adquieren automáticamente la condición de servidoras públicas por desarrollar actividades de acompañamiento institucional.
No obstante, cuando participan en programas y actividades relacionados con una alcaldía, sus actuaciones de interés público pueden ser cuestionadas por la ciudadanía.
Por tanto, la protección frente a la violencia de género no impide investigar, denunciar posibles irregularidades ni expresar opiniones críticas sobre la Administración Municipal.
El Tribunal también aclaró que no toda expresión desagradable constituye violencia de género. Para determinarlo, deben examinarse el contenido, el contexto, la reiteración de las publicaciones y la presencia de estereotipos discriminatorios.
Corte Constitucional pide fortalecer la protección contra la violencia digital
La sentencia también reiteró un exhorto al Congreso de la República para avanzar en medidas legislativas de prevención, protección, reparación y sanción de la violencia de género digital.
Asimismo, destacó la necesidad de que plataformas como Facebook dispongan de mecanismos específicos para denunciar este tipo de agresiones.
La Sentencia T-348 de 2026 establece una distinción de especial importancia para periodistas, medios de comunicación, veedores ciudadanos y usuarios de redes sociales: la libertad de expresión protege el cuestionamiento a la gestión pública, pero no ampara los ataques discriminatorios contra las mujeres por su apariencia física, intimidad o condición de género.
El creador de contenido deberá disculparse públicamente en Facebook, capacitarse en violencia de género y evitar nuevas publicaciones discriminatorias.
