El Tribunal Administrativo de Cundinamarca (TAC), Sección Primera, Subsección A, negó la demanda que pretendía anular la Ordenanza No. 085 del 8 de julio de 2022, acto que autorizó formalmente el ingreso del departamento a la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.
La decisión deja en firme un proceso institucional que busca articular políticas públicas, movilidad, desarrollo económico y planificación territorial en uno de los corredores más dinámicos del país. Con este fallo, la jurisdicción contencioso administrativa respalda la legalidad del mecanismo que conecta a la capital con su entorno regional.
Los argumentos que intentaron frenar la integración
La demanda cuestionaba tres puntos centrales: la supuesta omisión de la audiencia pública exigida por la Ley 2199 de 2022, una presunta vulneración del principio de unidad de materia por falta de análisis de impacto fiscal y una eventual extralimitación de funciones por parte del Gobernador.
Sin embargo, el Tribunal desmontó cada uno de estos señalamientos tras revisar el expediente.
En su análisis, la Corporación determinó que la Asamblea Departamental sí convocó la audiencia pública mediante distintos canales y que esta se realizó con intervención de ciudadanos. Además, aclaró que la ley no establece condiciones rígidas sobre fecha, lugar, número de asistentes o metodología.
Esto significa que su realización durante la Semana Santa no afecta su validez jurídica ni compromete el cumplimiento del requisito legal, como alegaban los demandantes.
Impacto fiscal: sin riesgos para las finanzas
Otro de los puntos en disputa fue el componente fiscal. Sobre este aspecto, el Tribunal concluyó que la ordenanza estuvo precedida por el respectivo estudio de impacto y que los recursos necesarios ya estaban contemplados en el plan financiero del departamento.
En términos prácticos, esto implica que la decisión no generó gastos adicionales ni puso en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas, desmontando así uno de los argumentos más sensibles de la demanda.
Frente a la acusación de que se habrían otorgado facultades indebidas, el Tribunal fue contundente: no hubo extralimitación. Las funciones asignadas al Gobernador se enmarcan dentro de sus competencias constitucionales y legales para adelantar gestiones administrativas y presupuestales necesarias para la implementación de la Región Metropolitana.
Un fallo que redefine el panorama regional
Con esta decisión, se despeja un frente judicial que buscaba frenar la consolidación de la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.
El modelo apunta a coordinar acciones en temas estratégicos como transporte, ordenamiento territorial y crecimiento económico, en una zona donde convergen millones de habitantes y una intensa dinámica productiva.
El fallo del Tribunal no solo cierra el debate jurídico en este punto, sino que también envía un mensaje claro sobre la viabilidad legal del esquema de integración regional, en momentos en que la coordinación entre territorios se vuelve determinante para enfrentar desafíos urbanos y sociales cada vez más complejos.
La demanda no logró frenar el ingreso de
Cundinamarca a la Región Metropolitana.
