La seguridad ciudadana en Zipaquirá atraviesa una etapa de seguimiento especial por parte de las autoridades municipales, luego de hechos violentos que han causado preocupación entre los habitantes y de la circulación de información inexacta en redes sociales.
El secretario de Seguridad y Convivencia, Óscar Fernando Castillo Barrantes, en entrevista con Extrategia Medios se refirió al ataque con arma de fuego registrado en inmediaciones del Skate Park, al homicidio ocurrido en el sector de San Miguel, al comportamiento de diferentes delitos y a las medidas previstas para fortalecer la capacidad institucional del municipio.
En la entrevista, el secretario reconoció las limitaciones existentes en el número de policías disponibles para atender una ciudad cercana a los 180.000 habitantes. También explicó que la Administración Municipal busca compensar parcialmente esta situación con inversiones en videovigilancia, alarmas comunitarias, movilidad para el Ejército Nacional y una reorganización del servicio policial.
Víctima del ataque en el Skate Park permanece con vida
Uno de los principales asuntos aclarados por la Secretaría de Seguridad corresponde al hecho ocurrido el domingo, aproximadamente a las 8:15 de la noche, en las inmediaciones del Skate Park, un espacio deportivo y recreativo situado en el centro de Zipaquirá.
Castillo Barrantes desmintió las versiones difundidas en plataformas digitales que aseguraban que el joven atacado había fallecido.
La víctima es un hombre de 27 años, próximo a cumplir 28, quien sobrevivió al disparo recibido en la parte superior del cuerpo. Su condición médica continúa siendo delicada y el pronóstico permanece bajo reserva.
Después de recibir atención inicial en el Hospital Regional de Zipaquirá, el paciente fue trasladado a una institución de mayor complejidad para continuar con el tratamiento requerido.
La Administración Municipal pidió prudencia al compartir información sobre el estado de salud de personas involucradas en hechos violentos, debido al impacto que los rumores pueden tener sobre sus familiares y sobre el desarrollo de las investigaciones.
No hubo intercambio de disparos, según la información preliminar
El secretario de Seguridad descartó que en el Skate Park se hubiera presentado un enfrentamiento armado o un intercambio de disparos entre varias personas.
De acuerdo con los registros de las cámaras de videovigilancia y los testimonios recopilados inicialmente, el presunto agresor se encontraba dentro del mismo grupo de jóvenes que permanecía en el lugar.
Las autoridades estiman que en el sitio había entre diez y doce personas. En determinado momento, uno de los integrantes habría desenfundado un arma de fuego y disparado directamente contra la víctima.
Esta información forma parte del material probatorio, analizado por la Seccional de Investigación Criminal, Sijín, encargada de adelantar las labores de policía judicial y de establecer la identidad y ubicación del responsable.
Los investigadores continúan revisando grabaciones, tomando declaraciones y verificando los movimientos previos y posteriores al ataque.
Sijín analiza dos posibles causas del ataque
La investigación contempla inicialmente dos hipótesis.
La primera estaría relacionada con diferencias derivadas del consumo o de la comercialización de sustancias psicoactivas. La segunda apunta a un conflicto previo de intolerancia entre el atacante y la víctima.
Según la versión expuesta por Castillo Barrantes, los dos hombres presuntamente habían sostenido amenazas en días anteriores.
Sin embargo, estas circunstancias aún deben ser verificadas por los organismos judiciales. La responsabilidad penal y los motivos definitivos del ataque solamente podrán establecerse con base en los elementos materiales probatorios recaudados y las decisiones de la Fiscalía General de la Nación.
Las autoridades también buscan determinar si otras personas presentes conocían las amenazas anteriores o pueden aportar información que facilite la identificación del agresor.
Homicidio en San Miguel estaría asociado con disputas por drogas
El secretario también se pronunció sobre el homicidio cometido recientemente en el sector de San Miguel, bajo una modalidad que las autoridades investigan como posible sicariato.
De acuerdo con la información expuesta durante la entrevista, este hecho correspondería al sexto homicidio registrado en Zipaquirá durante el año.
Las primeras indagaciones relacionan el crimen con disputas territoriales por el control de la comercialización local de estupefacientes.
Castillo Barrantes explicó que, después de la desarticulación de la estructura delincuencial conocida como “La Dinastía”, otras personas o grupos habrían intentado ocupar los espacios de distribución que quedaron disponibles.
Las autoridades denominan este comportamiento como “sucesión criminal”, una dinámica que ocurre cuando nuevas estructuras buscan asumir las actividades ilegales controladas anteriormente por una organización capturada, desarticulada o debilitada.
Vehículo utilizado en el crimen fue encontrado en Tausa
Las investigaciones preliminares indican que los responsables utilizaron una camioneta para cometer el homicidio y abandonar posteriormente el sector de San Miguel.
El automotor pertenecería a un ciudadano de Cajicá, quien lo había dejado en un taller de latonería ubicado en el barrio La Paz.
Según la información conocida por las autoridades, el encargado del establecimiento habría prestado el vehículo a varias personas extranjeras. Esta circunstancia continúa bajo verificación y no constituye por sí sola una atribución de responsabilidad penal.
La camioneta fue encontrada abandonada posteriormente en el municipio de Tausa.
La Sijín busca establecer quiénes recibieron el automotor, qué recorrido realizaron, cuál fue el grado de participación de cada persona y si existen registros de cámaras que permitan reconstruir la ruta de escape.
El caso continúa en investigación y las autoridades no han informado oficialmente sobre capturas relacionadas con estos hechos.
Zipaquirá registra seis homicidios durante el año
De acuerdo con el balance presentado por el secretario de Seguridad, Zipaquirá registra seis homicidios en lo corrido del año.
Indicó que cinco de estos casos habrían ocurrido en contextos de intolerancia social, riñas recíprocas y confrontaciones en las que estuvo presente el consumo de bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas.
Estas circunstancias representan uno de los principales retos para la prevención, debido a que varios hechos no corresponden a delitos previamente planeados, sino a discusiones personales que escalan rápidamente hasta convertirse en agresiones graves.
Castillo Barrantes comparó el comportamiento reciente con los 52 homicidios registrados durante el cuatrienio de la Administración Municipal anterior. Según su exposición, en el primer año de ese periodo ocurrieron 16 casos y en el siguiente fueron reportados nueve.
La comparación entre periodos debe considerar que las cifras del año actual todavía son parciales y pueden variar conforme avancen las investigaciones y se actualicen los registros oficiales.
Hurtos de vehículos y motocicletas presentan reducción
Entre las conductas que muestran una disminución se encuentra el hurto de automotores.
Con corte al 11 de julio, las autoridades reportaron seis casos, frente a los once registrados durante el mismo periodo del año anterior.
El hurto de motocicletas también presentó una reducción. Las denuncias pasaron de 19 casos en el periodo anterior a ocho durante el año actual.
Castillo Barrantes explicó que la mayor parte de estos delitos no se comete mediante agresiones directas contra los propietarios.
La modalidad predominante corresponde al denominado “factor oportunidad”, que se presenta cuando automóviles o motocicletas permanecen estacionados durante la noche en vías públicas, zonas con poca iluminación o lugares sin vigilancia.
Recomendó utilizar parqueaderos autorizados, instalar sistemas adicionales de seguridad, evitar dejar los vehículos durante periodos prolongados en la calle y reportar inmediatamente cualquier comportamiento sospechoso.
Delincuentes utilizan engaños para apoderarse de bicicletas
La Secretaría de Seguridad también advirtió sobre una modalidad recurrente en el hurto de bicicletas.
Según el secretario, una proporción considerable de estos casos se produce mediante engaño o abuso de confianza.
Los responsables se presentan como ciclistas o deportistas, establecen conversación con las víctimas y aparentan tener conocimientos sobre bicicletas, recorridos o entrenamientos.
Posteriormente, solicitan el vehículo para probarlo, revisarlo o recorrer una distancia corta. Una vez reciben la bicicleta, se alejan del lugar y no regresan.
Las autoridades recomendaron no entregar bicicletas, teléfonos, documentos u objetos personales a desconocidos, aunque se presenten como integrantes de colectivos deportivos o aparenten compartir intereses con la víctima.
También insistieron en la importancia de conservar facturas, números de serie, fotografías y características particulares que faciliten la identificación del bien en caso de hurto.
Denuncias por delitos sexuales disminuyeron
El balance entregado durante la entrevista indica que las denuncias por delitos sexuales pasaron de 55 casos en el periodo anterior a 38 en el año actual.
Aunque la cifra refleja una disminución, las autoridades deben mantener las acciones de prevención y las rutas de atención para niños, adolescentes, mujeres y demás personas que puedan ser víctimas de estas conductas.
Los delitos sexuales presentan riesgos de subregistro, debido a que algunas víctimas no denuncian por miedo, dependencia económica, amenazas, vergüenza o temor a ser revictimizadas.
Por ello, la reducción estadística no puede interpretarse como la desaparición del problema.
La atención institucional requiere confidencialidad, acompañamiento psicológico, valoración médica y acceso oportuno a la Fiscalía, las comisarías de familia y las entidades de protección.
Violencia intrafamiliar continúa entre los delitos más reportados
La violencia intrafamiliar también presentó una disminución durante el periodo analizado.
Los reportes pasaron de 334 casos en el año anterior a 296 en el actual, lo que representa 38 denuncias menos.
Pese a esa reducción, la cifra continúa siendo considerable y evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención dentro de los hogares.
Este delito puede afectar a mujeres, hombres, niños, adolescentes, adultos mayores y personas en condición de dependencia.
Las autoridades insistieron en que las agresiones físicas, psicológicas, sexuales, económicas o patrimoniales dentro de una familia deben ser denunciadas y atendidas mediante las rutas institucionales disponibles.
La intervención temprana puede evitar que los conflictos aumenten de intensidad y deriven en lesiones graves o situaciones de mayor riesgo.
Ciudadanos rechazan acompañamiento policial al retirar dinero
Otro de los asuntos abordados fue la prevención del fleteo, delito que suele ocurrir después de que una persona retira altas sumas de dinero de una entidad financiera.
Zipaquirá cuenta con cerca de 20 entidades o sucursales bancarias en las que los usuarios pueden solicitar acompañamiento gratuito de la Policía Nacional.
Sin embargo, Castillo Barrantes manifestó que la receptividad de los ciudadanos frente a este servicio continúa siendo baja.
De acuerdo con su explicación, las personas que retiran cantidades importantes de dinero reciben formularios en los que pueden pedir acompañamiento policial, pero una gran parte rechaza esta posibilidad.
El servicio permite que una patrulla acompañe al ciudadano desde el banco hasta el lugar de destino, sin costo.
Las autoridades recomendaron no comentar los retiros con desconocidos, evitar rutinas previsibles, verificar si alguien sigue a la persona al salir de la entidad y solicitar apoyo policial cuando se movilicen sumas considerables.
Seis cuadrantes deben atender una ciudad cercana a los 180.000 habitantes
El secretario de Seguridad reconoció que Zipaquirá presenta un déficit estructural de fuerza pública.
El municipio cuenta con cerca de 180.000 habitantes y dispone de seis cuadrantes policiales por turno para atender toda la jurisdicción.
Cuatro de estos cuadrantes cubren la zona urbana alta y central, mientras que dos operan desde la subestación de Barandillas.
La cobertura incluye también veredas, centros poblados y sectores rurales, lo que aumenta las distancias y los tiempos necesarios para atender algunos requerimientos.
Cuando se presentan varias emergencias de manera simultánea, la disponibilidad de patrullas puede resultar insuficiente.
La Administración Municipal no tiene la facultad directa de aumentar el número de policías, debido a que la asignación del personal depende de la Policía Nacional y de decisiones adoptadas desde el nivel central.
Ante esta situación, el municipio busca fortalecer la movilidad, la tecnología y la coordinación con otras instituciones.
Policía cambiará cuadrantes por áreas de servicio
La Policía Nacional implementará una transformación en su modelo de vigilancia territorial.
El esquema tradicional de cuadrantes será sustituido progresivamente por las denominadas “áreas de servicio”.
Este modelo pretende organizar la presencia policial de acuerdo con las características sociales, comerciales y delictivas de cada sector.
También busca fortalecer el contacto de los uniformados con residentes, comerciantes, instituciones educativas, juntas de acción comunal y organizaciones sociales.
La intención es que el servicio tenga un conocimiento más detallado del territorio y pueda identificar con mayor rapidez situaciones recurrentes, puntos de concentración de delitos y conflictos de convivencia.
La implementación requerirá procesos de socialización para que la ciudadanía conozca los cambios, los canales de atención y la forma en que quedará distribuida la vigilancia.
Ejército recibirá cinco motocicletas para patrullajes
Una vez finalizadas las restricciones derivadas de la ley de garantías, la Administración Municipal entregará cinco motocicletas Honda de 300 centímetros cúbicos al Ejército Nacional.
La dotación permitirá movilizar una escuadra integrada por diez soldados profesionales.
Los uniformados realizarán patrullajes de vigilancia perimetral, controles preventivos y registros de personas en sectores urbanos y rurales.
La estrategia será coordinada con la Policía Nacional, institución que conserva la responsabilidad principal sobre la seguridad ciudadana y la convivencia.
Cuando los integrantes del Ejército encuentren a una persona cometiendo un delito en flagrancia, deberán entregarla inmediatamente a la Policía para continuar con el procedimiento judicial correspondiente.
La participación de las Fuerzas Militares se concentrará en labores de apoyo, presencia territorial y acompañamiento en zonas previamente definidas.
Alcaldía invertirá cerca de $3.000 millones en seguridad tecnológica
Ante la imposibilidad de aumentar inmediatamente el número de policías, la Alcaldía de Zipaquirá, con la orientación del alcalde Fabián Rojas García, proyecta fortalecer la infraestructura tecnológica destinada a la seguridad.
Castillo Barrantes anunció una inversión aproximada de $3.000 millones para modernizar la sala del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, SIES.
El proyecto contempla la renovación de cámaras de videovigilancia que actualmente se encuentran obsoletas o presentan limitaciones técnicas.
También se instalarán nuevos equipos en sectores definidos mediante análisis delictivo, concentración de personas, movilidad y antecedentes de alteraciones de la convivencia.
La modernización permitirá obtener imágenes de mayor calidad, ampliar la capacidad de observación y facilitar el seguimiento de vehículos o personas involucradas en hechos delictivos.
Las grabaciones pueden servir para reconstruir recorridos, apoyar las investigaciones judiciales, orientar el desplazamiento de patrullas y verificar versiones sobre incidentes ocurridos en espacios públicos.
Alarmas comunitarias se conectarán con el centro de monitoreo
La inversión incluye la implementación de alarmas comunitarias de nueva tecnología.
Estos dispositivos estarán conectados directamente con el centro de monitoreo municipal y podrán ser activados ante emergencias, riñas, comportamientos sospechosos o situaciones que requieran presencia institucional.
La Administración deberá definir los sectores beneficiados, las personas autorizadas para utilizar los equipos y los protocolos para verificar cada alerta.
El funcionamiento del sistema también dependerá del uso responsable por parte de la comunidad.
Las activaciones injustificadas o las falsas alarmas pueden distraer a los operadores y afectar la atención de emergencias reales.
Por esa razón, la instalación deberá estar acompañada de capacitación, seguimiento y coordinación entre residentes, Policía, patrulla de convivencia y funcionarios del SIES.
Tecnología no sustituirá la presencia policial
Las autoridades reconocen que las cámaras y alarmas comunitarias no reemplazan la presencia de policías en calles, barrios y zonas rurales.
La tecnología funciona como una herramienta complementaria para observar, registrar, alertar y aportar evidencia.
Su efectividad depende de la capacidad de reacción disponible, del mantenimiento de los equipos, de la calidad de las comunicaciones y de la coordinación entre los organismos encargados de atender las emergencias.
También será necesario garantizar que la instalación y utilización de cámaras respete las normas sobre protección de datos personales, manejo de grabaciones y acceso a la información.
La sostenibilidad del sistema requerirá recursos no solo para la compra inicial, sino también para mantenimiento, conectividad, almacenamiento, actualizaciones y reposición de equipos.
Autoridades piden utilizar los canales oficiales
El secretario de Seguridad invitó a los habitantes a utilizar de manera responsable los canales institucionales para informar sobre delitos, emergencias o alteraciones del orden público.
La ciudadanía puede comunicarse con la línea gratuita 123 para solicitar la presencia de los organismos de atención.
También está disponible el número celular 3208502950 para reportar requerimientos relacionados con seguridad, convivencia y atención de la patrulla correspondiente.
Castillo Barrantes pidió evitar la difusión de audios, fotografías, mensajes o versiones cuya procedencia no haya sido comprobada.
La circulación de rumores puede generar temor, afectar injustamente a personas o establecimientos y dificultar la comprensión de los hechos.
En casos como el ataque del Skate Park, la publicación de una muerte inexistente y la inexactitud de los hechos produjo confusión entre los habitantes y preocupación para los familiares de la víctima.
Denuncia ciudadana y prevención serán fundamentales
La respuesta institucional frente a la delincuencia no dependerá únicamente de los operativos policiales, las cámaras o la presencia del Ejército.
Las autoridades consideran necesaria la participación de la ciudadanía mediante denuncias oportunas, entrega responsable de información y adopción de medidas preventivas.
Reportar comportamientos sospechosos, aportar grabaciones, preservar evidencias y atender las recomendaciones de seguridad puede facilitar el esclarecimiento de los delitos.
Al mismo tiempo, las instituciones deberán garantizar que las denuncias sean recibidas, tramitadas y protegidas adecuadamente.
La confianza de la comunidad depende de la capacidad de respuesta, de la comunicación transparente y de la presentación periódica de resultados verificables.
Zipaquirá busca combinar prevención, investigación y control territorial
El panorama expuesto por la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana muestra avances en algunas conductas, especialmente en los hurtos de automotores y motocicletas, los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar.
Sin embargo, los recientes hechos violentos evidencian problemas asociados con la intolerancia, las riñas, el consumo de alcohol, las sustancias psicoactivas y las disputas por el control de economías ilegales.
El municipio enfrenta, además, una limitación significativa en el número de uniformados disponibles por turno.
La estrategia anunciada contempla una combinación de videovigilancia, alarmas comunitarias, reorganización del servicio policial, patrullajes del Ejército y fortalecimiento de los canales ciudadanos.
Los resultados dependerán de la coordinación entre la Alcaldía, la Policía Nacional, el Ejército, la Fiscalía, las autoridades judiciales y la comunidad.
Mientras avanzan las investigaciones sobre los casos del Skate Park y San Miguel, la Administración Municipal deberá informar oportunamente sobre las capturas, decisiones judiciales y avances institucionales, evitando anticipar responsabilidades o divulgar información que pueda afectar los procesos en curso.
La Alcaldía proyecta invertir cerca de $3.000 millones en cámaras, alarmas comunitarias y modernización del SIES.
