Por Redacción
El pasado martes 22 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio su firma a la Ley 2316 de 2023, una regulación que impone sanciones para aquellos que causen “lesiones personales con sustancias modelantes no permitidas – biopolímeros”.
La nueva ley establece que cualquiera que inyecte o infiltre en el cuerpo de otra persona sustancias modelantes no permitidas podría enfrentar una pena en prisión que va desde los 2 hasta los 15 años. Además, se impondrá una multa que varía entre 150 y 250 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En casos donde el que aplique estos biopolímeros sea un médico o cirujano profesional, o si el paciente es menor de edad, las sanciones serán aún más severas.
Otro punto crucial de esta ley es la inclusión de servicios relacionados con el diagnóstico, tratamientos, rehabilitación y procedimientos para retirar o manejar los biopolímeros en el sistema de salud.
Adicionalmente, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) deberán cubrir los medicamentos y tratamientos necesarios para la salud mental, así como el apoyo psicosocial que las personas afectadas por estas prácticas requieren.
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La senadora Norma Hurtado (Partido de la U), autora de la iniciativa, celebró la aprobación de la Ley, destacando que las penas, señalando que este paso asegura atención médica y psicológica para las víctimas y promueve la creación de un ‘Registro Nacional de Centros de Venta y Profesionales en Procedimientos Estéticos’.
Nuestra #LeyDeBipolímeros ya es una realidad. 🏛️📄👏🏼 Les comparto sus principales beneficios: 👇🏼
⚖️Penas de prisión que van desde los 2.5 a 10 años y multas de 150 a 250 salarios mínimos a quienes apliquen estas sustancias.
🚫Si la conducta es cometida por un profesional de la… pic.twitter.com/OducwY00z8
— Norma Hurtado Sánchez (@normahurtados) August 23, 2023
Finalmente, esta legislación también contempla la inclusión de servicios como el diagnóstico, tratamientos, rehabilitación y procedimientos para retirar o manejar los biopolímeros. Y, en términos de pedagogía, la ley establece que el Ministerio de Salud y Protección Social creará un listado de instituciones en el país donde se podrán llevar a cabo procedimientos quirúrgicos estéticos.
Una regulación que impone sanciones para aquellos que causen “lesiones personales con sustancias modelantes no permitidas – biopolímeros”.
