PGN instó a gobernadores y alcaldes a implementar la estrategia de corresponsabilidad para el diligenciamiento del tablero PAT

El tablero PAT es la herramienta que le permitirá a las administraciones locales realizar la planeación anual de la política pública de víctimas.

La Procuraduría General de la Nación, PGN, instó a los gobernadores y alcaldes del país para que realicen de manera perentoria el primer Comité de Justicia Transicional en 2017, en sus respectivos entes territoriales, con el objeto de cumplir con lo señalado en el Decreto 2460 del 17 de diciembre de 2015, «por medio del cual se adoptó por el ejecutivo la estrategia de corresponsabilidad de la política pública para las víctimas del conflicto armado interno».

En dicho decreto se desarrolló la herramienta para la coordinación y articulación de la política pública entre las instituciones nacionales con el territorio local para dar aplicación efectiva a los principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación, a través de la herramienta tablero PAT, donde se identifican las necesidades de cada nivel territorial y la participación presupuestal requerida para el orden nacional, departamental y municipal.

El órgano de control les recordó a los mandatarios que deben atender a su obligación de diligenciar el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial, RUSICST, como mecanismo de información, seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades, en relación con la implementación de las PP y los planes de acción de prevención, asistencia, atención y reparación integral a las víctimas (artículo 260 numeral 1 decreto 4800 de 2011) y del tablero PAT como «instrumento operativo anual del Plan de Acción Territorial, PAT«, a realizarse cada año por parte de los municipios y distritos antes del 28 de febrero; los departamentos antes del 30 de marzo y las entidades nacionales antes del 15 de noviembre, períodos en los cuales las administraciones territoriales identifican las necesidades de la población víctima a atender durante la vigencia siguiente y definen los compromisos que asumirán para responder a las necesidades de dicha población.

Finalmente, la Procuraduría señaló que es urgente que las autoridades territoriales gestionen ante las entidades competentes del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas, SNARIV, la oferta institucional del nivel nacional y sectorial para cumplir con la atención integral del Estado hacia las víctimas del conflicto armado y así hacer realidad el goce efectivo de sus derechos fundamentales, tal como lo exige la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en especial de la sentencia T-025 de 2004 y el auto de seguimiento 373 de 23 de agosto de 2016.

El Ministerio Público, a través de su Delegada para el Apoyo a las Víctimas del Conflicto Armado y los Desmovilizados, viene ejecutando la acción preventiva en relación con la implementación que dio inicio el Gobierno Nacional, respecto a la estrategia de la coordinación entre las instituciones del nivel nacional con las entidades de los niveles territoriales, departamentos y municipios.

“El órgano de control les recordó a los mandatarios que deben atender a su obligación de diligenciar el Reporte Unificado del Sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial, RUSICST, como mecanismo de información, seguimiento y evaluación al desempeño de las entidades”.

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