El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló parcialmente las decisiones disciplinarias mediante las cuales la Policía Nacional sancionó a un patrullero con seis meses de suspensión e inhabilidad especial, sin derecho a remuneración, por la pérdida de su arma de dotación durante las protestas del 9 de septiembre de 2020, en Bogotá.
En Sentencia de Primera Instancia, proferida el 16 de octubre de 2026, la Sección Segunda, Subsección B, del Tribunal determinó que el uniformado no había extraviado su pistola por descuido o negligencia, sino que varias personas se la arrebataron violentamente cuando acudió a auxiliar a un compañero cuya vida estaba en peligro en el CAI El Rincón, localidad de Suba.
La decisión se produjo dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el patrullero Jhon Alexander Rivera Pineda, quien cuestionó la legalidad de la sanción impuesta por la institución policial.
Una emergencia en el CAI El Rincón terminó con el robo del arma de dotación
Los hechos ocurrieron durante las manifestaciones registradas en Bogotá tras la muerte de Javier Ordóñez, el 9 de septiembre de 2020.
De acuerdo con las pruebas examinadas por el Tribunal, el patrullero cumplía su turno habitual de vigilancia cuando un compañero solicitó apoyo por radio, debido a que una multitud de más de 250 personas, según el reporte policial, amenazaba con incendiar las instalaciones del CAI El Rincón.
Ante la emergencia, varios uniformados acudieron a auxiliarlo. Después de ayudar a evacuar al funcionario, Rivera Pineda fue derribado y agredido por un grupo de aproximadamente 20 personas, quienes le arrebataron el cinturón en el que llevaba su pistola reglamentaria, dos cargadores y 30 cartuchos.
El patrullero informó lo sucedido a sus superiores, interpuso una denuncia penal por hurto y violencia contra servidor público y recibió atención médica por las lesiones sufridas durante el ataque.
¿Por qué la Policía Nacional sancionó al patrullero?
La institución consideró que el uniformado había incurrido en una falta gravísima, atribuida a título de culpa grave, por extraviar elementos de dotación y desconocer las instrucciones que restringían el porte de armas de fuego durante las manifestaciones.
Con ese fundamento, el 6 de enero de 2025 se le impuso una suspensión e inhabilidad especial de seis meses, sin remuneración. La decisión fue confirmada en segunda instancia el 19 de junio del mismo año.
Sin embargo, al examinar el expediente, el Tribunal concluyó que la conducta atribuida al patrullero no correspondía a los hechos demostrados, pues el arma había sido sustraída mediante violencia y no perdida como consecuencia de una actuación negligente.
La Corporación también consideró que el uniformado no había sido destinado a intervenir en las protestas, sino que su presencia en el lugar obedeció a una situación de emergencia para proteger la vida e integridad de un compañero.
Asimismo, señaló que, incluso si se aceptara un eventual incumplimiento de los protocolos institucionales, las circunstancias de violencia e intimidación permitirían configurar una causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria, conforme al artículo 28 de la Ley 734 de 2002.
Policía deberá pagar los salarios descontados y retirar la sanción
Como consecuencia de la decisión judicial, el Tribunal declaró la nulidad parcial de los dos fallos disciplinarios y de la resolución que ejecutó la sanción, exclusivamente en lo relacionado con el patrullero demandante.
Además, ordenó a la Policía Nacional reconocer y pagar los salarios, prestaciones sociales y demás conceptos dejados de percibir durante los seis meses de suspensión, con los reajustes y actualizaciones correspondientes.
También dispuso eliminar la anotación de la sanción de su hoja de vida y remitir la providencia a la Procuraduría General de la Nación para que retire el registro de suspensión e inhabilidad de sus sistemas de información.
Respecto a su carrera profesional, la sentencia estableció que, si cumple los requisitos legales, la institución deberá permitirle participar en el próximo curso de ascenso. No obstante, aclaró que esta decisión no implica una promoción automática al grado superior.
El pronunciamiento judicial establece que la pérdida de un bien institucional no basta, por sí sola, para imponer una sanción disciplinaria, pues es indispensable demostrar que la conducta del funcionario corresponde a la falta atribuida y que existe responsabilidad por su actuación.
La providencia fue dictada en primera instancia, por lo que sus efectos definitivos dependen de su ejecutoria y de los recursos que eventualmente se hayan interpuesto.
El Tribunal determinó que el patrullero no extravió su pistola por negligencia, sino que fue víctima de una sustracción violenta.











